La Justicia comienza a cercar a funcionarios del Gobierno de Macri

Incluso, el primo del propio Presidente también está complicado.
<a href="https://elintransigente.com/politica/2019/09/12/la-justicia-comienza-a-cercar-a-funcionarios-del-gobierno-de-macri/" rel="bookmark"><time class="entry-date published" datetime="2019-09-12T14:21:37-03:00">septiembre 12, 2019</time><time class="updated" datetime="2019-09-12T14:51:10-03:00">septiembre 12, 2019</time></a>

La Justicia puso en la mira a varios funcionarios de la administración nacional de Mauricio Macri por distintas situaciones irregulares en materia de contrataciones y licitaciones. En ese marco, el fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich junto con el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.

En un primer momento, el trámite tuvo su inicio en el juzgado de Sebastián Casanello pero fue en las últimas horas que tomó impulso gracias al fiscal Taiano. Las acusaciones consisten en negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Esto se debe a que Taiano considera que la ampliación de los contratos de concesión de rutas nacionales fue realizada de manera irregular. Esta acción penal comenzó con una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines al cual desde la fiscalía se le dio curso legal y en la presentación realizada queda clara la exposición del caso.

Según esta, el Gobierno habilitó a varias empresas a continuar cobrando peajes y certificados de obra por el valor de unos $30.000 millones a pesar del vencimiento de esos contratos. Esta acción se llevó a cabo sin llamado a una nueva licitación tal y como lo indica la ley. Por esta causa, el primo del propio Presidente está complicado.

Esto se debe a que una de las compañías habilitadas por el Estado para el cobro de peajes es Iecsa, cuyo propietario es Ángelo Calcaterra. Pero los problemas con la Justicia no terminan aquí para Cambiemos porque se le suma otra investigación abierta en torno de las mismas irregularidades en las concesiones de otros peajes.

En ese caso, los de la Panamericana y el Acceso Oeste, ya que se repite el mismo modus operandi al haber sido prorrogados sin licitación. Este trámite está a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral quien busca determinar las condiciones en las cuales el Grupo Socma fue beneficiado con incrementos de tarifas y por la venta de las acciones que poseía en Ausol SA.

Asimismo, esta firma cobró USD 500 millones a cambio de levantar una demanda presentada en su momento ante el Ciadi contra el Estado. Ese monto fue abonado por la administración pública sin una negociación previa ni litigio alguno para intentar obtener un fallo favorable. No obstante resta un inconveniente más para el Gobierno.

Caber recordar en los últimos días, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial elevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (CSJN) la causa por la deuda del Correo Argentino SA. En este trámite lo que se investiga son supuestas anomalías en el acuerdo de pago de deudas de esta empresa con el Estado en el marco de un concurso de acreedores.