La ONU sospecha de la existencia de “un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial” en Argentina

Fuente: Twitter oficial de Diego García-Sayán.

La Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados le dio 60 días al Ejecutivo para que envíe su defensa.
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El Gobierno de Mauricio Macri recibió un pedido de explicaciones por parte de la ONU por presuntas violaciones a la independencia judicial. La solicitud llegó después de una presentación de la agrupación Abogados por la Justicia Social (AJUS). El relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, le dio un plazo de 60 días al Ejecutivo para que responda a las acusaciones por arbitrariedades, manipulación y ataques a jueces.

En una entrevista para Página 12, Emanuel Desojo, referente de AJUS, comentó que en septiembre de 2018 se presentó el caso en la Relatoría. En junio de este año, la institución argentina se reunión en Lima con García-Sayán para darle mayor precisiones sobre el plan de la Casa Rosada para “establecer un sistema judicial a la carta”. Según la agrupación, el objetivo de esta maniobra atentaba contra la imparcialidad de los jueces.

De acuerdo con Desojo, el organismo de la ONU le “derivó al Gobierno los cargos sobre la existencia de un plan sistemático, específico y estructural del Ejecutivo para cooptar la Corte Suprema por decreto, manipular el Consejo de la Magistratura”. El plan también consistiría en atacar a jueces por no ser afines al macrismo o por fallar “en contra de medidas consideradas claves para la política económica oficial”. Asimismo, implicaría la designación arbitraria de “jueces afines sin seguir las reglas”.

García-Sayán le pidió al Estado argentino que brinde explicaciones “respecto de la presunta existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina”. En este sentido, el relator desea determinar si se obstaculizó “la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo” y se disciplinó a “los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”. Esta solicitud se originó, según sostuvo, en informaciones “suficientemente fiables”.

Lo anterior fue remitido por la Relatoría al embajador argentino ante organismos internacionales, Carlos Foradori, el 1 de noviembre. El exvicecanciller debe transmitirle este documento al ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie. Este último funcionario deberá preparár la defensa de la administración nacional sobre su accionar en relación al Poder Judicial. El diplomático cuenta con 60 días para enviar una respuesta.

El senador electo por Neuquén Oscar Parrilli comentó en una entrevista con FM La Patriada que recién este lunes tomó conocimiento de esta denuncia. “Hoy nos enteramos de que el relator peruano Diego García-Sayán ha requerido al Gobierno del presidente Macri que dé explicaciones por una serie de hechos que vienen denunciando”, aseguró en declaraciones al programa Salvemos Kamchatka.

“Evidentemente, (Macri) ha interferido en el Poder Judicial. Lo ha presionado, lo ha extorsionando y ha cercenado la libertad del Poder Judicial”, opinó el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). “Tenemos que garantizar, por parte del nuevo gobierno, es que se vuelva a la Constitución y garantizar la independencia del Poder Judicial”, planteó con respecto a cómo debe actuar la gestión de Alberto Fernández.

“Todos los ciudadanos, sean funcionarios o no sean funcionarios, tengan la certeza que van a ser juzgados por sus hechos, que no van a ser sometidos a ninguna presión política o persecución mediática y judicial, que se los va a condenar si hay pruebas que acrediten la existencia del delito, y no como ocurrió en estos cuatro años”, resaltó el dirigente, allegado a la futura vicepresidenta, Cristina Kirchner.