El Gobierno deberá restituir las pensiones por discapacidad anuladas o suspendidas

Así lo decidió la Sala II de la Cámara de Seguridad al rechazar la impugnación de la Agencia Nacional de Discapacidad.
<a href="https://elintransigente.com/sociedad/2019/05/03/el-gobierno-debera-restituir-las-pensiones-por-discapacidad-anuladas-o-suspendidas/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2019-05-03T13:45:59-03:00">mayo 3, 2019</time></a>

La Sala II de la Cámara de la Seguridad Social rechazó la impugnación de la Agencia Nacional de Discapacidad y ratificó la medida cautelar que restituyó las pensiones por discapacidad anuladas o suspendidas durante 2016. De esta forma, con el voto favorable de los jueces Luis René Herrero y Nora Carmen Dorado, un total de 50 mil beneficiarios que cobran un promedio de $3.700 se vieron beneficiados.

El debate se inició cuando la Agencia Nacional de Discapacidad apeló la cautelar y planteó su nulidad al asegurar que no estaba firme la integración del Tribunal cuando se resolvió esa medida a favor de los discapacitados. Además, cuestionó la celeridad en el dictado de la resolución cautelar. Sin embargo, los camaristas señalaron que el Tribunal se conformó el 3 de abril y el 4 de abril emitió su pronunciamiento y explicaron que la Agencia “no ejerció la facultar de recusar con expresión de causa” por lo que se infiere “que la integración del mismo quedó consentida por el quejoso”.

En caunto a la celeridad, los camrastias admitieron haber actuado de esa forma “por el peligro en la demora” en la aplicación de la cautelar, lo que podría haber llevado a que la sentencia no quedara firme, “eventualidad que podría extenderse hasta la decisión final de la Corte Suprema, lo cual podría traer aparejada la afectación de los derechos constitucionales y convencionales de las personas con capacidades diferentes o inválidas que la sentencia procura”.

En el marco de la causa “Asociación Red por los derechos de las personas con discapacidad, la Sala II declaró inconstitucional los artículos del decreto 432/97 que limitan el derecho a la pensión por discapacidad y la Resolución 268/18 de la ANSeS que establece un circuito de descargo ante la suspensión y caducidad de las pensiones por vía telefónica de 10 días bajo pena de cortar el beneficio.

Con esta decisión se estableció que “el Estado debe reintegrar las pensiones no contributivas suspendidas o dadas de baja desde el año 2016, es decir se amplía un año con relación a la sentencia de septiembre de 2018 que obligaba a devolver pensiones desde 2017. El Jefe de Gabinete de Ministros deberá fijar nuevamente la partida necesaria del presupuesto para dar cumplimiento a la sentencia”, dicen en Redi.

En este nuevo fallo, los jueces recordaron que dicho decreto 432 exige que, para acceder a esa prestación, la persona tenga una invalidez en su capacidad laborativa superior al 76%, no tenga bienes, recursos o ingresos que permitan su subsistencia y no tenga parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos. Ante esta situación, los camaristas argumentaron que una persona discapacitada no puede verse privada de su prestación porque su cónyuge goza de un beneficio previsional o asistencial, o porque tiene parientes obligados a proporcionarle alimentos, o familiares que puedan asistirlo”.

Ante un caso como este, señalaron, la persona discapacitada “debería promover costosos procesos civiles o penales contra su cónyuge, parientes cosanguíneos o afines, ascendientes o descendientes u otros familiares que podrían asistirlo remisos o insensibles frente a las obligaciones alimentarias”.