Piden investigar estafas telefónicas a beneficiarios de la Reparación Histórica

Fueron denunciados alrededor de 106 casos en distintos puntos del país.
<a href="https://elintransigente.com/sociedad/2019/05/15/piden-investigar-estafas-telefonicas-a-beneficiarios-de-la-reparacion-historica/" rel="bookmark"><time class="entry-date published" datetime="2019-05-15T22:39:03-03:00">mayo 15, 2019</time><time class="updated" datetime="2019-05-15T22:39:15-03:00">mayo 15, 2019</time></a>

La Reparación Histórica es un programa lanzado por el Gobierno que tiene como fin compensar a jubilados y pensionados que no habían cobrado lo que debían. Sin embargo, se han detectado distintas estafas telefónicas alrededor de todo el país, por lo que le solicitaron a la Justicia que se haga una investigación al respecto.

El pedido fue realizado por el fiscal Gabriel González Da Silva, quien está a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social y alertó por la situación en la que se han visto afectados muchos de los beneficiarios de dicho programa.

Esta situación derivó a raíz de una gran cantidad de denuncias por reiteradas maniobras delictivas que se fueron registrando. Las mismas se basaban en llamados telefónicos a jubilados, pensionados o sus familiares o apoderados, donde los sospechosos se hacían pasar por empleados de ANSeS.

Con un modus operandi similar en todos los casos, los supuestos representantes del organismo intentaban gestionar el beneficio del Programa para lo cual contaban con información personal. Las distintas instrucciones llevaban a la víctima a efectuar una transferencia a una cuenta bancaria que le proveía, con la excusa de que así podría cobrar el saldo a su favor.

De esta manera, muchas personas cayeron en la trampa: confiados de que estaban hablando con un representante del organismo, efectuaron el pago con el dinero que tenían en sus cuentas y luego se encontraron con que su dinero les había sido sustraído.

A pesar de que esta problemática se dio a nivel nacional, el fiscal consideró que le corresponde intervenir a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, debido a que las bases de datos informáticas y las áreas correspondientes a la atribución de los beneficios solicitados tienen sede central en la Ciudad de Buenos Aires.

En total, fueron denunciados alrededor de 106 casos en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.