La Corte Suprema dejó sin efecto una resolución que intimó a un hombre a depositar $40.000 por una queja a una empresa de energía

Señalaron que la conducta de la parte demandada “afectaba su derecho como usuario a gozar de un servicio público esencial".
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En una decisión, la Corte Suprema de Justicia, admitió un planteo de un hombre que litigó contra una empresa de energía, que le había exigido el pago del depósito de $40.000. De esta manera, la determinación judicial dispuesta, quedó firme con los votos de los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

De este modo, según diariojudicial.com, el Tribunal resolvió dejar sin efecto la resolución que intimó a un hombre a hacer el depósito de $40.000 que exige el Código Procesal Civil para tramitar una queja suprema. Así, tras haber desestimado una queja deducido por la parte actora, con la invocación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habían intimado al recurrente a que hiciera efectivo el depósito.

Sin embargo, ante esta situación, el demandante presentó una revocatoria, argumentando que su pretensión se enmarcaba en una relación de consumo y que, teniendo en cuenta la normativa vigente que se puede implementar para estos casos gozaba del beneficio de gratuidad previsto en el artículo 53, último párrafo, de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

Los integrantes de la Corte indicaron que “no son susceptibles del recurso intentado”, ya que “las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita”. Asimismo, determinaron que “esta situación se verifica en la causa”, ya que el actor promovió acción de amparo contra la Empresa de Energía de Entre Ríos S.A. y el Ente Regulador de la Energía “con la finalidad de que se proceda a la conexión del servicio eléctrico en su vivienda”.

Además, señalaron que la conducta de la parte demandada “afectaba su derecho como usuario a gozar de un servicio público esencial e invocó el artículo 42 de la Constitución Nacional y la ley 24.240”. En este sentido, los jueces del Máximo Tribunal admitieron que “en tales condiciones, y a la luz de lo dispuesto en el artículo 53 citado, corresponde admitir el pedido“.