Desde el Santuario de Luján, sacerdotes de barrios populares expusieron carencias estructurales y cuestionaron discursos que promueven erradicación y violencia.
La Cámara de Distribuidores Mayoristas apoyó el proyecto del Gobierno, pero reclamó correcciones por juicios laborales, aportes sindicales y costos para las PyME.