El exgobernador de Tucumán, condenado por abuso sexual agravado, deberá usar tobillera electrónica, pagar una caución millonaria y no podrá contactar a la víctima.
Entre los usuarios alcanzados están residentes de Puerto Madero y barrios cerrados del AMBA. La decisión implica un ajuste fiscal superior a $3.000 millones.