El acuerdo para la firma de la Carta de Intención entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un nuevo programa avanza en la recta final. Mientras el Gobierno avanza en las charlas con el organismo y ultima detalles sobre la presentación en el Congreso del proyecto que avale el acuerdo, se conoció un paper sobre la letra chica del acuerdo que contempla “ajuste, posible reforma jubilatoria y cogobierno con el Fondo”.
El periodista Sebastián Premici logró acceder al borrador que envió el ministro de Economía, Martín Guzmán, a las principales autoridades de las Cámaras legislativas y brindó algunos detalles del documento. Este paper se trata de un texto fechado el 12 de febrero y que ya está en manos de los hombres de peso en el Congreso de la Nación, quienes lo debatirán en marzo.
En declaraciones a la AM 750, el comunicador repasó los principales puntos del texto. En el primero de ellos titulado ‘Otros gastos pendientes’, el Ejecutivo planteó la necesidad de racionalizar determinadas erogaciones a fin de que los recursos se concentren en áreas claves como el trabajo. “Realizaremos un estudio que describa opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional”, expone el documento.
En este sentido, plantearon la estrategia de “limitar las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales y administrar la masa salarial del sector público para asegurar que crezca consistentemente con la mejora de la actividad”. Por lo tanto, anticipó el comunicador, el Gobierno plantearía como un compromiso que la pauta de la evolución salarial del sector público se ajuste a la evolución del producto.
Nuevas leyes
En el documento oficial, la administración de Alberto Fernández anticipó que avanzará con leyes de promoción de inversiones para la agroindustria, hidrocarburos y automotrices. Asimismo, planea modificar algunos puntos de las normas sobre “Defensa de la Competencia, el régimen penal cambiario y la normativa contra el lavado de activos”.
En paralelo, el apartado sobre “política monetaria y cambiaria” anticipa que el Ejecutivo planea profundizar las medidas de control y mejorar el sistema de sanciones. «La propuesta de modificación al régimen penal cambiario se presentará al Congreso a más tardar en diciembre de 2022. Además, se examinará la posibilidad de ampliar las facultades del BCRA para regular y supervisar un conjunto más amplio de transacciones que afectan a la balanza de pagos de Argentina«, expresa el paper.
Cogobierno y lavado de activos.
Tal como había anticipado El Intransigente, el preacuerdo prevé el trabajo en conjunto con el Banco Mundial, el BID y el FMI como sucedió en la década del 1990. De este modo, a contramano de lo que se venía subrayando desde el Gobierno, habrá una exigente estructura de control y supervisión desde el FMI a la Casa Rosada. Si bien no se detalla en el texto, expertos indicaron que Argentina deberá rendir cuentas sobre “criterios de rendimiento cuantitativos, objetivos indicativos y puntos de referencia estructurales”.
Por último, en el borrador el Gobierno también se comprometió a modificar la legislación vinculada al lavado de activos. “Se pondría foco en el fortalecimiento del régimen sancionatorio, también en el registro de las entidades declarantes sujetas a las obligaciones de las normas antilavado”, expresó el comunicador. El compromiso asumido es presentar los cambios normativos en abril de este año.
A pesar de estos adelantos, desde el Palacio de Hacienda mantienen el hermetismo y adelantaron que la letra chica se conocerá cuando el Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto con «anexos que contendrán todos los documentos» y «cada uno de sus detalles». Mientras tanto, resta dejar que el reloj corra y se anuncie formalmente la firma de un entendimiento definitivo que luego deberá ser avalado por el Parlamento donde el escenario tampoco es sencillo para el Gobierno.