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Denuncian al Gobierno y al INCAA por otorgar $500 millones en subsidios en 2020: varias productoras serían truchas

Años atrás, ocurrió algo similar y hubo exfuncionarios echados y actores acusados.





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No es la primera vez que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) se ve envuelto en una situación al borde del escándalo. La corrupción y las irregularidades con los subsidios ya fueron denunciadas años atrás. Y este domingo, surgió una nueva. La misma está vinculada a los subsidios y se enmarca en una discusión que empezó esta semana con el tema del transporte público. Pero el dato, a priori, es comprometedor: en 2020, plena pandemia de coronavirus, el Gobierno nacional habría otorgado $500 millones a varias productoras, de las cuales varias serían truchas.

Así lo contó Jimena Castiñeira Arce, abogada y asesora legal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo con Por las Buenas (Radio Rivadavia). Ella, junto al Grupo Banquemos, denunció sobre “lo que pasa” con los subsidios en el INCAA, que se otorgan a productoras dos veces –“puede que sea más de dos veces”, advirtió– con cambio de nombre, de título.

“Esto surge a raíz de un pedido de información pública desde Grupo Banquemos. Estábamos interesados en conocer un poco los montos de los subsidios que se otorgaban, las productoras más beneficiadas y si esas producciones se llevaban a cabo o no. Ese pedido fue reiterado y contestado por la Subgerencia de Fomento a la Producción Audiovisual, la Subgerencia de Fortalecimiento de la Industria Audiovisual, a cargo de Gabriela Marocco, y también del inspector de Planificación de Liquidaciones de Subsidios”, detalló Castiñeira Arce.

Y continuó: “En esa respuesta, nos hablaron de un Fondo de Fomento y un proceso a través del cual calificaban las distintas productoras para acceder al subsidio. Lo que ocurrió es que junto a esa información se nos remitió una planilla con todos los detalles y a partir de allí, surgieron más dudas”. “En principio, hay más de 60 productoras que tuvieron a cargo diversas producciones o films que cambiaron de nombre”, remarcó la abogada.

“Son productoras cuestionadas porque no estaban tan regulares en cuanto antecedentes e integración societaria”, explicó la denunciante, y contó un caso particular, como el de “Bomba SRL”. “Es una productora que se fusionó y derivó a otra una partida de $1.300.000 para dos producciones. Lo que ocurrió es que estaba conformada por tres comerciantes, una de ellas inscripta como prestadora de servicios de astrología y espiritismo”

En este sentido, afirmó que “hay más productoras con esas circunstancias, que sus directivos no están ligados con ese tipo de industrias”. “Hay otra productora que pidió una partida de $2.684.000 de subsidio y está a cargo de dos psicoanalistas”. Al mismo tiempo, “hay productoras truchas que reciben plata millonaria para películas que, en mayor parte, no se realizarían”.

En tanto, brindó un dato sumamente revelador: “En 2020 –en plena primera ola de coronavirus– se entregaron $494 millones en subsidios”, concluyó Castiñeira Arce. En ese entonces, regía bajo decreto el aislamiento social, preventivo y obligatorio y la actividad económica –sobre todo las producciones fílmicas– estaba prácticamente detenida.

El prontuario del INCAA

En abril de 2017, quien presidia el INCAA, Alejandro Cacetta, fue apartado de su cargo por el Gobierno de turno, a cargo de Mauricio Macri, en medio de denuncias sobre irregularidades en su gestión en el organismo. El desplazamiento del funcionario fue confirmado por el Ministerio de Cultura, que a través de un comunicado explicó que “el recambio obedece a la necesidad de acelerar y profundizar todos los procesos de mejora administrativa” en el instituto, acorde a lo publicado por NA.

Cacetta, quien fuera reemplazado por Ralph Haiek, recibió una acusación por parte de medios de prensa por supuestas irregularidades y maniobras ilegales en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENARC): Pablo Rovito, rector de dicha institución, habría cobrado sumas importantes de dinero por documentales que nunca realizó. Además, hubo contrataciones sospechosas, como la compra de dos sillas a $233.000 a una empresa que no se dedica a vender muebles.

En abril de 2019, la actriz Andrea del Boca y el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, fueron a juicio oral y público por el presunto delito de “defraudación a la administración pública”. Se trata de la causa es por los $36 millones del erario público con los que se financió para la realización de la novela «Mamá Corazón», que nunca se emitió al aire. En este marco, también quedaron pegados la extitular del INCAA, Liliana Mazure; Carlos Ruta, Luis Vitullo, Carlos Schwerdtteger, Alberto García, Nahuel Billoni, Nadia Jacky y Hugo Nelson.

En noviembre de ese mismo año, el difunto juez federal Claudio Bonadio sobreseyó al exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, al extinto Fernando «Pino» Solanas, al actor Víctor Laplace y a varios productores cinematográficos que estaban investigados por presuntas irregularidades en el manejo de subsidios del INCAA. En ese momento, todavía seguían procesados los extitulares de ese organismo Jorge Coscia –quien luego sería sometido a juicio oral–, Jorge Álvarez y Mazure.

Todo apuntaba al manejo de subsidios que otorgaba el organismo bajo la denominación «Terceros J» o «3-J». “Se investiga la presunta liberación indebida de pagos a productores por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, en el marco de lo normado al suscribirse distintos convenios de coproducción”, dice el expediente. En el mismo, el juez determinó que el INCAA entregaba fondos a distintas producciones, pero luego había un control laxo o nulo sobre la realización de las obras.