Los legisladores oficialistas de Nicaragua aprobaron el lunes una ley que permite al Estado hacerse cargo de seis universidades que el Gobierno del presidente Daniel Ortega cerró la semana pasada, una medida considerada por los críticos como autoritaria.
Los centros universitarios privados incluyen la Universidad Politécnica de Nicaragua, que fue el semillero de manifestaciones estudiantiles antigubernamentales en 2018. Los estudiantes y los centros de educación superior jugaron un papel clave en las protestas hace cuatro años en todo el país que fueron una amenaza al gobierno de Ortega.
Más de 300 personas murieron durante la represión que siguió. «El Consejo Nacional de Universidades (CNU) garantizará la continuidad de los estudios de los 14.000 estudiantes (de las universidades clausuradas)», dice la iniciativa, que había sido enviada por Ortega con carácter de urgencia al Congreso.
Adrián Meza, rector de la Universidad Paulo Freire, una de las instituciones afectadas, ligó la medida a aquellas protestas contra Ortega. «Nos quitan la universidad porque hicimos lo correcto en 2018: estar al lado de nuestros estudiantes», afirmó, replicó Reuters.
El Gobierno también ha despojado a seis universidades extranjeras de sus permisos de operación dentro de Nicaragua, argumentando que habían violado la ley. «Es un intento por acabar con el pensamiento crítico», afirmó a Reuters María Asunción Moreno, profesora de derecho constitucional.
Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han buscado presentar a sus opositores como traidores y han aprobado leyes que permiten encarcelar a quienes critican a su gobierno. La semana pasada iniciaron los juicios a los opositores detenidos durante el año pasado.