La causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos sumó un nuevo capítulo polémico. Tras un pedido de recusación de los jueces intervinientes por parte de Cristina Kirchner, la Justicia falló en su contra y decidió las continuidades de Eduardo Farah, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. De esta manera, el intento de la vicepresidenta de incidir en el expediente no tuvo su quórum.
De esta manera, la Sala Uno de la Cámara Federal porteña, con su formación actual en pleno, seguirá interviniendo en la causa por presunto espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri. Según consignó NA, la decisión se dio separada y entrecruzada entre quienes firmaron los fallos: uno unipersonal firmado por el tercer integrante del tribunal, Eduardo Farah, rechazó la recusación que Cristina había presentado contra los magistrados Bertuzzi y Llorens.
Quiénes son Bertuzzi y Llorens y el rol de Farah
Bertuzzi y Llorens son los camaristas que, al revisar los procesamientos de los principales funcionarios de la Agencia Federal de Informaciones (AFI), resolvieron que las actividades bajo investigación fueron obra de “cuentapropistas”. Respecto al planteo de la actual vicepresidenta, Farah sostuvo que el mismo es “improcedente” y, por ello, la rechazó “in límine”.
A su vez, Farah también había sido recusado para continuar en la causa, pero en su caso el planteo había sido formulado por el extitular de la AFI, Gustavo Arribas. En su caso –ante la imposibilidad de que resolvieran los mismos jueces sobre los que Farah tenía que pronunciarse– fue convocado el camarista Leopoldo Bruglia, quien también rechazó la recusación.
Bruglia descartó la causal de “temor de parcialidad” que había manifestado Arribas, a raíz de que Farah declaró haber sido presionado por la Mesa Judicial de Cambiemos y de esa declaración se dispararon causas judiciales en las que está imputado. De todas formas, ambas confirmaciones (las de Bertuzzi y Llorens, por un lado, y de Farah, por el otro) pueden ser apeladas ante la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país.
La denuncia
En mayo de 2020, la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño, presentó una denuncia penal por presunto espionaje ilegal a personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y policías durante el gobierno de Cambiemos, tras el hallazgo de información recuperada de un disco rígido que había sido borrado, y requirió la indagatoria del expresidente Macri.
En la denuncia se solicitó las indagatorias de Macri –“en su calidad de ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional”- y del exdirector y la exsubdirectora de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, respectivamente. En tanto, Caamaño aludió a delitos vinculados a la “producción de inteligencia ilegal” en los términos de los artículos 4 y 43 de la Ley de Inteligencia Nacional durante la gestión en la AFI de su antecesor Arribas.
En el documento se alude a un presunto espionaje ilegal que se habría iniciado desde al menos el 2 de junio de 2016 sobre e-mails privados de como mínimo 80 damnificados. La información fue recuperada de un “disco rígido marca Western Digital, que había sido borrado”. “Las tareas de inteligencia no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo hoy intervenido. Es así que debemos hablar lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal”, sostuvo Caamaño en la denuncia.
La actual interventora de la AFI adjuntó el listado de titulares de correos electrónicos afectados; un total de 80 personas, entre ellos la actual Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta; la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, y el diputado Rodolfo Tailhade. También figuran la extitular de la Oficina Anticorrupción en el gobierno macrista, Laura Alonso; el periodista Luis Majul, el exdiputado Nicolás Massot, el sindicalista Héctor Daer y el diputado nacional Mario Negri, entre otros.
