En el año 2015, Mauricio Macri a través de un decreto presidencial designó dos jueces, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, a la Corte Suprema de Justica para ocupar los cargos vacantes que habían dejado las renuncias de Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt. Sin embargo, no era constitucional, ya que la incorporación debía ser con previa votación de dos tercios en el Senado. Esta fue una de las razones de la marcha del 1 de febrero contra el Máximo Tribunal, ya que ambos magistrados hoy ocupan el cargo de presidente y vicepresidente en el organismo.
«Si el mecanismo de designación de los jueces del máximo tribunal no es válido, si ello no surge del texto ni del espíritu de la Constitución, si con ello se afecta la división de poderes, la independencia de los jueces, la garantía del juez natural, las facultades del Congreso, la participación y control ciudadano, resulta necesario que los mecanismos constitucionales se pongan en funcionamiento cuanto antes para frenar esa ilegalidad que afecta principios básicos sobre los que se asienta la República», sentenció Justicia Legítima en una carta pública.
“A través de estas designaciones se han lesionado derechos y garantías constitucionales, la división de poderes, la independencia judicial y la seguridad jurídica, y adelantan que todas las decisiones que podría tomar el más alto tribunal de la nación estarían viciadas de nulidad absoluta”, había manifestado Ramos Padilla en una causa judicial para pedir la nulidad del decreto de Macri en 2015.
En ese sentido, Leopoldo Moreau, dirigente del Frente de Todos, explicó que esa era una de las razones principales de la marcha de ayer contra la Corte Suprema de Justicia. «Dos miembros de la Corte Suprema de Justicia que hoy son los presidentes y vicepresidentes del organismo fueron designados por decreto presidencial. La verdad que no es correcto que los juristas acepten reglas de juegos que están fuera de la Constitución Nacional. No los salva el hecho de que después el Congreso los haya aprobado», señaló Moreau.
«Ningún jurista serio hubiera aceptado ser designado por decreto», insistió el exdirigente del radicalismo. Esto es cierto, ya que tras la firma del documento presidencial los candidatos fueron propuestos en diciembre del 2015 para ocupar el cargo como jueces de comisión hasta que el Congreso aceptara la designación correspondiente, algo inconstitucional.
Esto levantó fuertes críticas y causas judiciales para frenar las asignaciones y los magistrados tuvieron que esperar casi 6 meses hasta que el Senado aprobó sus puestos por mayoría, sin embargo, ejercieron el cargo, porque en los meses de la asignación, el Senado no estaba funcionando, por lo tanto, era una necesidad urgente. Sin embargo, la Corte podía funcionar fácilmente con 3 jueces hasta que el Senado volviera a funcionar. Con lo cual no estuvo justificada la medida.
