La Justicia de Bolivia reprogramó para este jueves una audiencia judicial para tratar la situación y eventual puesta en libertad condicional de la expresidenta Jeanine Áñez en la causa conocida como «Golpe de Estado I», destinada a dilucidar si llegó al gobierno mediante una sucesión constitucional o violando las leyes.
Así lo resolvió el juez 10º de Instrucción Penal Cautelar, Armando Zeballos, y en la misma sesión se determinará también la situación de los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán. La audiencia debería haberse realizado el lunes, pero se suspendió por cuestiones como falta de notificación, informó Télam.
Había sido convocada porque el plazo de la detención preventiva de Añez y los exministros para este caso ya finalizó. Añez cumplió recientemente 11 meses en prisión preventiva, tras su detención en la madrugada del sábado 13 de marzo de 2021, en Beni.
Inicialmente fue detenida por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por el que le dieron siete meses de prisión preventiva. En el segundo proceso, desdoblado del primero, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, se le aplicaron cuatro meses más. Como el plazo de prisión preventiva pedido por la Fiscalía caducó el 13 de febrero, la defensa de Áñez señaló que prolongar su encierro es indebido.
La exmandataria previsto reunirse en el penal de Miraflores con el relator de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, quien por pedido del Gobierno de Bolivia comenzó el martes una agenda de reuniones para conocer el estado de situación de la Justicia en el país, y se espera que el 22 de febrero presente su informe preliminar.
En el encuentro, la exmandataria tiene previsto hacerle entrega de un informe que contiene 17 «pruebas públicas» de la supuesta injerencia del Poder Ejecutivo en la justicia. Según el dirigente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) Manuel Morales, el relator prometió que su trabajo estará a margen de un «sesgo político e ideológico».
La visita de García-Sayán coincide con la reciente controversia en la justicia boliviana tras el sonado caso de la captura de un feminicida y asesino serial al que un juez dejó en libertad pese a tener sentencia de 30 años de cárcel, la pena máxima en Bolivia.
Esa investigación reveló que el magistrado, ahora bajo detención preventiva por el delito de prevaricato, también dio ese beneficio a otros condenados en supuesta complicidad con algunos funcionarios de su juzgado.
