La causa de espionaje ilegal que involucra a la gestión de Mauricio Macri, tiene un nuevo capítulo. Luego de darse a conocer las 105 mil escuchas ilegales de parte de la AFI, tras la denuncia de Cristina Caamaño en la justicia, se conocieron los vínculos entre la agencia de inteligencia y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), que depende de la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia presentada por la interventora de la AFI mostró que 105 mil escuchas se realizaron de manera ilegal en la presidencia de Mauricio Macri. En estas se mostraba un plan sistemático de espionaje, donde se presume que podría haber una persecución a varios referentes del arco político.
Además, no solo fueron espiados políticos opositores, sino también cercanos como María Eugenia Vidal. En las escuchas hay exfuncionarios presos, empresarios, periodistas y hasta familiares del exmandatario. Todo esto partía desde la AFI y se enviaba a la la DAJUDECO.
La oficina que pasó a la Corte Suprema, antes pertenecía al Ministerio Público. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se la sacó de la ex-SIDE y se la trasladó al Ministerio Público. Macri por el decreto 102/17, firmado el 14 de febrero de 2017 se la trasladó a la Corte. En esta había varios actores importantes, como hijos de varios jueces y fiscales. Estos eran identificados con el macrismo.
La denuncia de Caamaño presentada ante el juez federal Martínez de Giorgi, muestra un sistema entramado entre agentes de la AFI y la DAJUDECO. Había una conexión «punto a punto», lo que implicaba que las escuchas eran enviadas en casi tiempo real desde la agencia a las oficinas de inteligencia de la Corte.
Las intercepciones telefónicas realizadas que se enviaban eran por medio de un «VPN». Es una conexión de máxima seguridad que encriptaba el traspaso de los audios de una manera imposible de ser cruzada.
De ser esto cierto, la Corte Suprema permitió un circuito de espionaje ilegal. Entre las escuchas se encuentran conversaciones personales de personas privadas de su libertad y hasta con sus abogados. Estos último movió una denuncia del Colegio de Abogados porque vulnera el derecho a la defensa.
Según se marca en la denuncia, la AFI le decía a la Justicia que intervenciones se debían realizar y qué teléfonos. Desde la agencia argumentaban que se trataba de una persona que podía atentar contra el Estado, por lo tanto se daba la orden, y luego se armaba una precausa.
