Desde este lunes, en Mendoza comenzaron a aparecer denuncias contra el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez. Se trata de que este habría concedido 12 mil hectáreas a la empresa El Azufre S.A. para que sean explotadas para crear un centro de esquí, según trascendió en medios mendocinos. Varias organizaciones ambientales se presentaron denuncias ante la Fiscalía de Mendoza para pedir que se investigue esta concesión. Desde el ministerio público la desestimaron.
Por medio del Decreto Nº 2138, se le otorgan a la firma El Azufre S.A «los sectores
1 y 8 del Campo Potreros de Cordillera». Estos comprenden 12 mil hectáreas linderas a la Cordillera de Los Andes y en la zona de Godoy Cruz. Según indican en Mendoza, serían utilizados para crear un centro de esquí. Según organizaciones ambientales, como Jóvenes por el Clima Mendoza», se entregaron gratuitamente y se desconocen «las evaluaciones de impacto ambiental pertinentes».
Qué dice el decreto
El Decreto N° 2138, firmado por el gobernador Rodolfo Suárez y el Ministro de Gobierno mendocino Victor Ibañez Rosaz, dice: «Asígnese a favor de la firma EL AZUFRE S.A., C.U.I.T. 30-71609616-1. los Sectores 1 y 8 del “Campo Potreros de Cordillera – Norte”, Nomenclatura Catastral 19-01-88-5100-935642-0000-2, Padrón Rentas 19/11857-9, con una superficie de 5.639 ha 6.452,34 m2, y del Sector 3 del “Campo Potreros de Cordillera – Norte”, Nomenclatura Catastral19-01-88-5100-949685-0000-7, Padrón Rentas 19/11858-7, con una superficie de 6.712 ha 0.199,92 m2, ubicados en el Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, en los términos y con los alcances previstos en el convenio ratificado por Decreto Nº 2868/91 y según el Plano de Mensura autorizado en expediente EX-2019-01595996- – GDEMZA-DGCAT_ATM».
Luego de ese primer artículo, no se menciona ni se especifica para qué serían utilizados. Tampoco hay mención de una evaluación medioambiental que debe realizarse por ley en la provincia de Mendoza, como en el resto del país. Los únicos dos artículos que restan son puras formalidades.
Las denuncias contra el Decreto
La primera reacción llegó desde la oposición. El senador provincial del justicialismo Lucas Ilardo presentó un pedido de informes el jueves pasado, que será puesto en consideración por sus pares en la sesión de hoy martes. “Uno de los temas que no logran explicar, y que es cuando se ponen más nerviosos, es por qué 12 mil hectáreas, cuando el centro más grande de ski de Latinoamérica, el cerro Catedral, tiene 2 mil hectáreas”, planteó el legislador.
Ilardo agregó que el Ejecutivo tampoco ha respondido si se realizaron los estudios de impacto ambiental y, de no ser así, por qué se entregaron 12 mil hectáreas de manera gratuita a una empresa que no cumplió con ese requisito. Asimismo, indicó que los puesteros de la zona han señalado que hace más de dos años que se está trabajando en el lugar. Se estarían colocando domos en un área de glaciares y de cuencas hidrológicas, sin un análisis previo de cómo puede impactar esto en el ambiente.
La segunda presentación la hizo el abogado radical Fernando Armagnague quien, el viernes, planteó una acción ante la Suprema Corte de Justicia provincial. Este señala la inconstitucionalidad del decreto 2138/21. Explicó que incluso podría ser inexistente –ni siquiera nulo- porque no cumple con los mínimos requisitos, ya que se trata de una entrega gratuita por parte de la provincia, cuando el artículo 99 inciso 4 de la Constitución establece que, en estos casos, debe llamarse a una licitación pública, y que ni siquiera se puede hacer un concurso de precios o una licitación privada.
Armagnague indicó que el emprendimiento se encuentra sobre un glaciar, cuando la ley de glaciares prácticamente fija que son un patrimonio de la humanidad. También, que está en una zona de frontera y, por más que el Estado nacional haya cedido la posesión a la provincia, se le debe pedir autorización para desarrollar un proyecto;. Además, no se sabe la reputación de la empresa que, al momento de su inscripción en el registro público, en 2018, tenía un capital accionario de $100 mil.
Precisamente, la tercera acción la presentó en Fiscalía de Estado, este lunes, Ricardo Pont, abogado y ex intendente de Tunuyán por el PJ, quien representa a un puestero de Malargüe. Esta persona habría expresado su interés de quedarse con tierras en el área del emprendimiento. Desde el organismo señalaron que, si bien el fiscal lo va a analizar, previo a emitir el dictamen favorable que se menciona en los considerandos del decreto 2138/21, les informaron desde el Ejecutivo que no había pretensiones sobre el área que solicitó la empresa que se le asignara.
Qué contestaron desde Fiscalía
«No existen objeciones jurídicas que formular al trámite de asignación». Esa frase técnica es la que se destaca en el dictamen del fiscal de Estado, Fernando Simón, quien dio el visto bueno para que el gobierno provincial avance en la cesión de las más de 12 mil hectáreas.
Más allá de las acusaciones, la Fiscalía de Estado ya resolvió a favor de la cesión. Lo hizo el 22 de diciembre de 2021, a través de un dictamen de siete carillas que lleva la firma de Simón. Allí el fiscal se refirió a «la ocupación de los terrenos por la propia empresa El Azufre S.A., habiendo invertido allí en estudios y en la ejecución de instalaciones y trabajos concretos para su emprendimiento turístico proyectado». Se trata de un centro turístico y deportivo, sustentable y de gran envergadura con características únicas en Sudamérica.
De acuerdo con un relevamiento oficial, no existen conflictos legales con puesteros de la zona. Con los herederos de dos de ellos la empresa llegó a un acuerdo para la cesión de derechos. La firma además ya invirtió «en estudios y en la ejecución de instalaciones y trabajos concretos para su emprendimiento turístico proyectado», destaca el dictamen.
