Hoy se conoció un pedido que complica aun más a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada de la Ciudad, María Eugenia Vidal por el presunto armado de causas a sindicalistas durante su gestión bonaerense. El legislador de Tucumán Carlos Cisneros presentó en Diputados un proyecto para solicitar la expulsión de Vidal del cuerpo por considerarla responsable de la supuesta persecución, que se conoció a raíz de la polémica fras del exministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas
Villegas fue quien, cuando era funcionario de Vidal, dijo en una reunión en el Banco Provincia, afirmó: «Créeme que si yo pudiera tener y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría». En ese encuentro, además de otros funcionarios, había empresarios e importantes directivos de la AFI.
En esa marco, Cisneros precisó que «solicité la exclusión de la dip. María Eugenia Vidal por inhabilidad moral e indignidad (art 66 de la CN) al haber promovido una persecución política y judicial en contra de dirigentes sindicales durante su gestión en el Gob. de la Prov. de Bs.As» y agregó que «es incompatible que una representante del pueblo de la Nación haya perseguido a las organizaciones gremiales».
«Las pruebas presentadas demuestran que la conducta de la dip. es contraria al Estado de Derecho y a los más mínimos estándares de gob. democrático y republicano», remarcó en un hilo en sus redes sociales y por lo tanto, afirmó que «resulta violatoria de derechos humanos y constituye hechos de inédita gravedad institucional». «No podemos hacernos los distraídos, la Cámara de Diputados debe dar respuestas a esta situación», finalizó.
Además, del pedido hecho por Cisneros, la actual diputada se encuentra en una situación compleja, debido a que, hay declaraciones de su propio entorno que la comprometen. El 15 de febrero pasado, en C5N, contaron que quisieron comunicarse con Juan Curutchet, extitular del Banco Provincia y si bien según indicaron, no quiso dar declaraciones, sí afirmó que «en todo momento y desde hace décadas el Gobierno provincial usa salas y oficinas de la sede central del Banco Provincia».
La confirmación de la polémica reunión
En este mes, la subcomisión del Congreso, que investiga la causa, llevó a cabo una visita ocular a la sede del Bapro ubicada Caba en las calles Mitre y San Martín. De esta manera, los integrantes del cuerpo mantuvieron un encuentro con el exjefe de seguridad del edificio Mariano Albito, quien les dijo a los legisladores de la Bicameral que históricamente «nunca hubo cámaras» en ese sitio.
Sin embargo, los legisladores pudieron confirmar que la sala del Banco Provincia fue reservada por el Gobierno de Vidal por un período de tres días, a la vez que verificaron que las cámaras fueron instaladas y desmontadas un día antes y otro día después de la famosa reunión.
La palabra de Vidal
A mediados del mes en curso, Vidal se refirió nuevamente a la investigación y acorde con Télam, la diputada se hallaba «tranquila y a disposición de la Justicia» e insistió con que no formó parte de la supuesta mesa judicial que se armó durante su Gobierno. Además, aseguró que en su gestión al frente de la Provincia «no armó ninguna causa judicial» y agregó que «no participé ni convoqué a esa reunión». Por lo tanto, manifestó: «Que investiguen todo lo que tengan que investigar».
