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POLÍTICA

Cómo continúa la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri

Nuevas declaraciones de testigos a partir de esta semana y se preparan los cuestionarios de un importante dirigente del PRO, como Diego Santilli.

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La causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri sumó este lunes un nuevo capítulo. Es que se dio una nueva ronda de declaraciones testimoniales en el marco de la investigación por espionaje desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) entre 2015 y 2019. En este sentido, citaron al juez de Avellaneda, Luis Carzoglio, quien podría pedir postergar el trámite como ya lo hizo Mariano Macri, el hermano del expresidente Macri.

Por otro lado, en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi preparan cuestionarios de preguntas para enviar a otros dos de los testigos que fueron convocados, el diputado nacional Diego Santilli y la actual interventora de la AFI Cristina Caamaño, quienes por sus cargos hicieron uso de su derecho a declarar por escrito, según consignó Télam.

La situación de Carzoglio

Debido a la apertura del expediente, el juez Carzoglio estuvo suspendido y actualmente licenciado. Para este lunes, fue convocado para que “se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián de Stéfano”, dos exfuncionarios de la AFI imputados. El magistrado denunció haber recibido presiones para firmar una orden de detención contra el sindicalista Pablo Moyano, algo que no hizo, cuando estaba a cargo del juzgado de Avellaneda.

Cómo cayeron Arribas y Majdalani, exfuncionarios de la AFI

Ante ello, Martínez de Giorgi ordenó las citaciones para declarar bajo juramento de verdad, entre otras 43 medidas de prueba que dispuso tras quedar a cargo de la investigación que pasó del fuero federal de Lomas de Zamora a Comodoro Py por orden de la Cámara Federal de Casación. En la causa estuvieron procesados los exresponsables de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a exjerárquicos del organismo y exagentes.

Pero cuando el caso llegó a Comodoro Py a pedido de las defensas de los exfuncionarios acusados, la Cámara Federal porteña revisó lo resuelto en Lomas de Zamora y concluyó que no hubo una asociación ilícita en la AFI, sino que se trató del accionar ilegal “cuentapropista” de un grupo de espías que no fue debidamente controlado por la segunda del organismo, Majdalani.

Si bien Arribas, Majdalani y los restantes imputados fueron beneficiados con falta de mérito por este delito, la exfuncionaria quedó procesada por presunto “incumplimiento de deberes” a raíz de no haber controlado la actividad del grupo de agentes conocido como “Súper Mario Bros”, por el nombre de un grupo de WhatsApp que integraban y que sí quedaron con procesamiento confirmado por infracción a la Ley de Inteligencia.

La Cámara Federal ordenó profundizar la investigación al nuevo juez de la causa, Martínez De Giorgi y éste dispuso las nuevas medidas. Entre ellas, pidió con carácter de “muy urgente” informes a la Dirección Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) sobre la existencia de “un sistema de entrega de las llamadas interceptadas judicialmente” entre ese organismo y la AFI “a través de un enlace dedicado o mecanismo similar”.

El rol de Caamaño

En tanto, la interventora de la AFI Caamaño informó al juez sobre la existencia de 105.000 archivos de audio hallados en el organismo con escuchas hechas por orden judicial, que habrían sido derivadas de manera directa desde la Dajudeco a la AFI y que no fueron destruidas. Martínez de Giorgi requirió a esa Dirección Judicial que envíe un informe sobre el período 2017-2019.

En el mismo, solicitó que se anoticie “si durante esos años este sistema estuvo operativo; si la derivación a través de ese sistema se realizaba sobre la totalidad de las líneas interceptadas y a cuyo retiro se encontraba autorizada judicialmente la AFI, o si se requería en cada caso concreto de un pedido expreso de dicha Agencia para que se procediera a dicha derivación”, entre otros puntos.

Por su parte, a la AFI se le requirió que, previa desclasificación, informe ante la Justicia los “números de abonados telefónicos cuya titularidad y/o uso y/o asignación hubiera sido afectada, según sus registros” entre el 1º de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 a Arribas, Majdalani y otros 24 investigados por el espionaje macrista.