La portavoz Gabriela Cerruti confirmó este jueves el sistema de segmentación de tarifas que el Gobierno nacional acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De acuerdo al anuncio oficial de la Casa Rosada, el incremento en las boletas de gas y luz golpeará de manera diferenciada a todos los sectores -residenciales e industriales- entre 2022 y 2023.
Según explicó la funcionaria nacional en la habitual rueda de prensa, se trata de “un esquema de segmentación en tres niveles” que diferenciará a los usuarios de mayor poder adquisitivo, los beneficiarios de la tarifa social y el resto de los usuarios. No obstante, la portavoz no precisó quiénes ingresarán en cada una de estas categorías y dijo que eso se resolverá en audiencias públicas.
En cambio, Cerruti sí confirmó que el 10% de los usuarios, considerados de clase alta, dejarán de recibir subsidios al consumo energético en función de su plena capacidad de pago por lo que pagarán la tarifa plena. En tanto, los beneficiarios de la tarifa social verán un incremento total en su factura para cada año calendario que “será equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior”. El último año ese coeficiente rondó el 53,4% por lo que este segmento tendría que afrontar un alza del 21,2%.
Por otro lado, en el caso del resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario “será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior”. En consecuencia, el aumento en las boletas para este segmento sería en torno al 42,7%. Por otro lado, además de los usuarios residenciales, el impacto también llegará a la industria.
En tanto para los usuarios no residenciales, se dispuso el pago de la tarifa plena para los industriales denominados GUDI (Grandes Usuarios del Distribuidor), que son aquellos que demandan mayor potencia. “Para el resto (pymes y comercios) se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública”, explicaron.
El impacto en el Congreso
Este incremento tarifario que adelantó el Gobierno nacional golpearía de manera directa en el Congreso nacional que debe avalar el acuerdo con el organismo. El kirchnerismo duro ya mostró su descontento por, entre otras, la posibilidad de aplicar un tarifazo en la antesala a un año electoral. De este modo, se deduce que este anuncio incrementa la posibilidad de que los legisladores que responden a Máximo Kirchner rechacen el proyecto.
A medida que se descubren nuevos lineamientos del acuerdo entre el Gobierno de Alberto Fernández y el Fondo, los distintos sectores del Parlamento suman críticas al documento. Mientras el ala kirchnerista lo consideran un pacto que impulsa el ajuste, los grupos más duros de Juntos por el Cambio consideran que se deben aplicar más medidas para achicar el gasto público. Todos estos factores se debatirán en el Congreso durante los próximos días luego de que la Casa Rosada presente hoy el proyecto en Diputados.
