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Superpoblación carcelaria: un problema sin fin en la Argentina

El juez de Garantías de Quilmnes, Elbio Ramos aseguró que «no podemos controlar a personas que hemos excluído».

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Un motín, tal como informó El Intransigente, se llevó a cabo en la madrugada del jueves pasado en la comisaría ubicada en Lavalle y Balvanera, ciudad de Buenos Aires y esa situación puso en el centro de la escena el problema de superpoblación carcelaria que existe en la Argentina. En ese sentido, un periodista del ciclo Intratables aclaró que «los presos no querían escaparse de la cárcel sino que lo que pedían era que se los saque de las comisarías y se los lleve a un penal del Servicio Penitenciario Federal«.

«Lo que ocurre es que en la Ciudad hay superpoblación de presos», afirmó el comunicador y agregó que «en el medio se mete la grieta». «La Ciudad te dice, nosotros le intentamos mandar presos al Servicio Penitenciario Federal (SPF) y el Servicio Penitenciario Federal nos lo rechaza», precisó e hizo hincapié en que «la interventora del SPF es María Laura Garrigós de Rébori, la titular de Justicia Legítima».

Por su parte, Elbio Ramos, juez de Garantías Penal Juvenil de la localidad bonaerense de Quilmes, contó que «en mi caso tres o cuatro veces por año tengo que ir a las unidades penitenciarias de Florencia Varela» y detalló que «algunas tienen 800 cupos y están en este momento en 1.300, 1.400». En consecuencia, aseguró que «se hacen malabares para mantener eso con determinada presión».

«Es ahí cuando aparecen distintos programas de los jugadores de futbol, de rugby», indicó y añadió que «yo estuve en uno de los penales de máxima seguridad de Florencio Varela donde se trabaja filosofía con gente que se dedica a estas tareas». Frente a ese panorama, hizo hincapié en que «habría que distinguir en las comisarías, los presos a qué juzgados corresponden».

«Y seguro que van a corresponder a la Justicia Nacional», afirmó y por lo tanto, señaló que «si corresponden a la Justicia Nacional tienen que ir al Servicio Penitenciario Federal» porque «la ciudad de Buenos Aires no tiene cárceles», recordó. Por lo tanto, dejó en claro que «el Servicio Penitenciario no puede decir que nos lo va a recibir» y setenció que «la realidad es concreta. No hay mayor verdad que la realidad».

«En este momento hay una superpoblación de detenidos en comisarías a raíz de que no ingresan al Servicio Penitenciario Federal», enfatizó y acto seguido, Pablo Vilouta, conductor del programa, lo interrumpió y le preguntó: «¿Pero, hay lugar para llevarlos?». Ante esta pregunta, el magistrado lo primero que marcó fue «que para mí no hay una cuestión política, hay una cuestión de capacidad» y aclaró que «no tiene que ver solo con construír más cárceles. Hay una cosa que nosotros no estamos trabajando y es el control de territorialidad».

«La mayoría van a tener condenas cuyo promedio no va a superar los seis o siete años», indicó y sumó que «si decimos que en 2/3 salen en libertad condicional, lo que hay que hacer es mejorar el Patronato de Deliberados». «Hay que reforzar esos lugares territoriales», insistió y agregó que «hay que trabajar con ONGs». Además, «otro tema, que para mí da muestra de la falta de control, es la violencia de género y los femicidios», subrayó y para concluir, puso el foco en que el problema «está en que no podemos controlar a personas que hemos excluído».

La oposición citó a la titular del Servicio Penitenciario Federal al Congreso

Luego del motín, Juntos por el Cambio le pidió a María Laura Garrigós de Rébori, la titular del Servicio Penitenciario Federal, que se presente en el Congreso para que «explique los motivos de la negativa de recibir presos de la Ciudad». Una de las legisladoras que firmó la petición fue Graciela Ocaña, quien mediante su cuenta de Twitter, sostuvo que «no se puede seguir destratando a las jurisdicciones que piensan distinto».

En el texto, según precisó NA, se detalla que si bien en el SPF hay 11.490 presos alojados, su capacidad máxima es para 12.198, por lo que hay 708 plazas disponibles. A su vez, remarca que «la disponibilidad implica una ocupación a la fecha de 94,20% y para las autoridades del SPF, el sistema está colapsado, cuando a la luz de las cifras no es así».