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POLÍTICA

El Gobierno nacional arremete contra la Corte Suprema de Justicia

Desde la Casa Rosada continúan cargando contra el máximo tribunal por los plazos para reformar el Consejo de la Magistratura.

Gobierno nacional

Mientras en el Congreso de la Nación trabajan a contrarreloj para modificar la composición del Consejo de la Magistratura, el Gobierno nacional ataca nuevamente a la Corte Suprema de Justicia. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, volvió a apuntar contra el organismo por los plazos que estableció antes de que ellos den un dictamen.

El funcionario aseguró que «están arrogándose facultades legislativas, facultades que tiene el Congreso. Los únicos que pueden dictar leyes son los senadores y nuestros diputados». Sumado a esto, los acusó de generar un «revuelo institucional» al querer «entrometerse en facultades que no le son propias». Esta situación la utilizó para pedir que la sociedad se «replantee» qué es lo que quiere, según NA.

En este mismo sentido, Martín Soria señaló que ellos «sabían lo que estaban haciendo» al querer «paralizar» el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, no definió este caso como un golpe institucional sino que es un hecho «que nunca antes en la democracia» pasó y que a partir del lunes volverá a tener el efecto que quiere el máximo tribunal.

El Gobierno nacional denuncia a la Corte Suprema

Por otro lado, el funcionario del Gobierno nacional remarcó que «también van a administrar los recursos y fondos del Poder Judicial» con esta resolución. «Estamos hablando de más de $70.000 millones, cuando todos sabemos que el presupuesto de la Corte es de $10.000 millones«, detalló el ministro que aseguró que el órgano está «desesperado» porque llegue el viernes.

Según los plazos establecidos por el máximo tribunal, el próximo viernes dejará de tener efecto la actual composición del Consejo de la Magistratura. A partir del lunes se volverá al viejo sistema en el cual la Corte Suprema preside el organismo encargado de fiscalizar, controlar y sancionar a los jueces y fiscales que incumplen con sus cargos.