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El Gobierno nacional busca impulsar una ley para castigar a quienes nieguen a la dictadura militar

Desde el Gobierno nacional buscan impulsar una ley para castigar a aquellos que nieguen los crímenes de lesa humanidas.

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El jueves 24 de marzo, a 46 años del inicio de la dictadura militar, se recordó a la víctimas del terrorismo de Estado. En el Día de la Memoria se reunieron todas las organizaciones políticas y sociales. Desde el Gobierno nacional, con el kirchnerismo por su parte, hasta las Madres de Plaza de Mayo. También hubo algunos actores políticos que banalizaron la fecha y sostuvieron que no fueron 30 mil desaparecidos. Es por eso que desde el Ejecutivo buscan impulsar una ley para castigar negacionistas.

«No soy negacionista de la dictadura. A lo sumo estoy convencido de la teoría de los dos demonios. Sí niego que hayan sido 30.000», aseguró José Luis Espert. Otros políticos también han sido poco contundentes a la hora de castigar las muertes y desapariciones perpetuadas por el Gobierno que conducía, en aquel momento, Jorga Rafael Videla.

Según AM 750, el Gobierno nacional planea impulsar una ley que fue propuesta en 2021. Eduardo Fernández, diputado del Frente de Todos por Córdoba, ideó un proyecto que implica sancionen a aquellos que nieguen a la dictadura y sus atrocidades. La presentación tiene una estrecha relación con proyectos que habían redactado Nilda Garré en 2017 y Horacio Pietragalla en 2019.

«Tratan de ocultar para qué vino la dictadura. Tratan de poner en duda la cifra de los desaparecidos, pero no hablan de cómo el golpe afectó a la democracia», sostuvo el legislador que impulsó el proyecto. «Hacen apología a políticas de genocidio o crímenes de lesa humanidad. No solo son negacionistas, sino que son reivindicacionistas«, añadió Eduardo Fernández.

En similitud con lo que sucede en países como Francia, Alemania, Austria, Italia o Suiza, que castigan a los que niegan el Holocausto, Argentina busca lo mismo con la dictadura. Se prevé una sanción de prisión leve o castigo económico a quienes nieguen el terrorismo de Estado. Quienes cumplan funciones públicas y nieguen los crímenes, se agravará la sanción por el cargo. Además, se estiman 10 años de inhabilitación a la función pública.