José Luis Espert, diputado liberal, propuso eliminar la Secretaría de Hábitat y Vivienda de la Nación para dejar de financiar a las organizaciones sociales que supuestamente manipulan a los pobres. Por otro lado, insistió con encarcelar a los que cortan las calles y pidió de manera efusiva un cambio en la reforma laboral para terminar con el empleo en negro.
«Eliminar la Secretaría de Hábitat y Vivienda de la Nación, 0 pesos a las organizaciones sociales, auditar planes sociales, eliminar los truchos, limitar su duración en el tiempo, ponerles condicionalidad, cárcel a los que cortan las calles, reforma laboral. Ese es el camino», expresó Espert en su cuenta de Twitter sin proponer una salida laboral para aquellas personas vulnerables.
«Yo no tengo nada en contra del plan social, si es por un tiempo determinado y con condicionalidades. La cultura del plan es una cosa siniestra y es absolutamente indefendible ¿Cómo vas a armar una aristocracia de organizaciones sociales a partir de la gente que está sin viabilidad alguna? Vos tenes que darle viabilidad a los demolidos por las crisis», indicó el economista de Avanza Libertad en Radio Cultura.
«Hay que hacer una reforma laboral para que el empresario empiece a sentir que contratar a alguien no es meter una bomba atómica adentro de la empresa. Hay que darle incentivos a los empresarios que van a tomar una persona que fue beneficiaria de planes», sentenció Espert. Sin embargo, propuso eliminar un área del Estado que se encarga de las políticas sociales.
¿Qué dice el manual de reformas laborales de Espert?
Con respecto a la reforma laboral, Espert prevé eliminar el régimen de indemnizaciones para remplazarlo por un seguro de desempleo. Por otro lado, las contribuciones personales para la jubilación tendrán el carácter de aportes compulsivos a cuentas individuales, por lo tanto, el Estado no tendrá ninguna administración. Condicionará las huelgas de los sindicatos y evitará la afiliación obligatoria a los mismos por parte de los trabajadores.
«El beneficiario de planes sociales deberá optar por: a)
mantener el actual beneficio nominal, pero eventualmente declinante en
términos reales por la inflación, hasta su extinción total en un plazo máximo
de 3 años y b) continuar recibiendo el beneficio completo (ajustado por
inflación) por el mismo número de años, pero canalizado a través de una
empresa u organización privada que acepte su postulación, la cual le proveerá
capacitación laboral y/o trabajo en blanco por un tiempo mínimo equivalente
al doble del periodo de subsidio estatal», expresa el proyecto.
