(BUENOS AIRES).- “No le corresponde decidir”, afirmó la senadora Patricia Bullrich, que cuestionó la suspensión por 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La decisión fue tomada por la jueza Marta Elba Pascual, dos días después de la entrada en vigencia nacional de la norma, y frenó preventivamente la aplicación de la Ley N° 27.801 en territorio bonaerense.
La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, ordenó la suspensión tras hacer lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La medida se dictó apenas dos días después de la entrada en vigencia nacional de la norma. La ley reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
La resolución judicial fundamentó la medida en la falta de infraestructura y recursos materiales del Estado provincial para absorber el aumento de jóvenes que ingresarían al sistema penal. El fallo también puso bajo análisis las condiciones edilicias, institucionales y profesionales de los dispositivos de alojamiento. La magistrada había señalado, además, dificultades en el acceso a la educación, la capacitación laboral y la reinserción en el empleo.
Patricia Bullrich rechazó que la jueza tuviera facultades para suspender una norma nacional. “La jueza de la provincia de Buenos Aires no tiene control de constitucionalidad, capacidad de decidir sobre una ley nacional”, afirmó. La senadora también cuestionó la duración de la medida: “Decidir que no la aplica por dos meses, ¿en dos meses va a hacer lo que no hicieron en seis? ¿Qué está buscando? Generar una zozobra sobre un tema que es absolutamente fundamental en la Argentina, que es el que las hace las pague”.
«No es casualidad el boicott”
Bullrich responsabilizó a Axel Kicillof por la falta de preparación de la provincia antes de la entrada en vigencia del régimen. Sostuvo que las jurisdicciones tuvieron seis meses para poner en marcha los dispositivos necesarios y que el gobierno bonaerense no cumplió con esa tarea. También acusó a la administración provincial de haber recurrido a una jueza cercana al peronismo y dijo no tener la menor duda de que hubo coordinación para frenar la ley: “No es casualidad que estén boicoteando esta ley”.
La falta de recursos fue otro de los argumentos judiciales que Bullrich rechazó. “No solamente hay dinero, sino que además hay una responsabilidad frente a la sociedad”, sostuvo. La senadora advirtió que los menores que no sean detenidos durante la suspensión podrían recuperar la libertad y resumió su crítica con otra frase: “Sigue la puerta giratoria”. También afirmó que el régimen ya comenzó a aplicarse en casos de Mar del Plata y Mendoza.
El Poder Ejecutivo reglamentó la Ley N° 27.801 mediante el Decreto 875/2026, mientras que el Congreso de la Nación asignó $23.739.155.303,08 para financiar su puesta en marcha. La audiencia convocada por Pascual se realizará el 16 de septiembre en la sede del tribunal. Allí, las autoridades provinciales deberán informar qué medidas implementaron, cuáles proyectan y en qué plazos prevén ejecutarlas.
