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POLÍTICA

Gabriel Batistuta: la Justicia rechazó la cautelar y deberá pagar el impuesto a las grandes fortunas

A pesar de que Batistuta nació y creció en el territorio argentino, no está dispuesto a aportar dinero para paliar la crisis del Covid.

Gabriel Batistuta
Gabriel Batistuta.

La Justicia Federal de Reconquista le rechazó la medida cautelar a Gabriel Batistuta, exfutbolista de la Selección Argentina, y todo indica que deberá pagar el impuesto a las grandes fortunas. El exdeportista piensa pasar por encima de la ley que aplicó el Congreso, que está compuesto por más de 200 representantes de la clase política que representan el voto popular.

“La plata que hice la hice en otro lado y jugando al fútbol. Yo no necesito poner una empresa para vivir. Si vos necesitás poner una empresa y programar, la Argentina es el último lugar donde venís», señaló Batistuta en el año 2011, para la revista Fortuna. Evidentemente, no reconoce que gracias a la infraestructura política y social, el deportista pudo iniciar su carrera en la Argentina y terminarla en otros países.

Batistuta ahora dice que es inconstitucional que se le exija el pago del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas para paliar los efectos económicos del coronavirus en el país. Lo cierto es que el Poder Judicial en varias instancias dijo que es constitucional la medida del Congreso y además ya fue abonado por más del 75% de los ricos. El Estado hasta ahora pudo recaudar más de 2,473 millones de dólares con este tributo.

Según la defensa del exfutbolista, el impuesto excepcional “vulnera derechos, principios y garantías constitucionales y en especial el derecho de propiedad y la garantía de no confiscatoriedad”, según declaraciones citadas por la agencia Télam. Como si fuera poco, Batistuta tampoco pagó en el 2021, el impuesto a los Bienes Personales y tiene una deuda con la AFIP de casi 4 millones de pesos.

De hecho, la Justicia afirma que este impuesto excepcional no vulnera la capacidad económica o financiera de Batistuta a tal punto que ponga en «peligro su situación patrimonial ni sus derechos fundamentales». Incluso, el monto que debe pagar no supera el 4% de al riqueza del exjugador, por lo tanto, no existe un justificativo de lña realidad para explicar que es un atropello a sus cuentas bancarias.