La portavoz presidencial Gabriela Cerruti defendió este miércoles la “donación” de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez por el Olivosgate. Se trata del acuerdo judicial por $1,6 y $1,4 millones, respectivamente, aceptado por el fiscal de la causa que investiga el festejo de cumpleaños de la Primera Dama en plena cuarentena por coronavirus. Según justificó la vocera, fue para reparar un “error” cometido.
Cerruti irrumpió en la jornada del Censo 2022 con una serie de stories en su Instagram, en donde se aprestó a contestar preguntas de sus seguidores. Una de las consultas fue justamente sobre el Olivosgate. “¿Qué le pareció que (el) presidente done dinero para resarcirse de la denuncia por la fiesta en Olivos?”, fue la interrogación hacia la vocera oficial.
“Es una causa que está bien que termine de alguna manera, que el Presidente y la primera dama, Fabiola Yáñez, hayan acordado una compensación”, se puede leer por escrito en las stories de la portavoz Cerruti. Pero, asimismo, se la escucha decir que el acuerdo al que se llegó es una forma de “resarcir” algo que “fue un error, que estuvo mal”.
“En el caso del Presidente es un monto que equivale a comprar un respirador”, añadió la funcionaria, casi justificando la reparación económica. Y agregó: “Tanto el Presidente como la Primera Dama han reconocido en numerosísimas oportunidades que fue un error, que estuvo mal, y que de alguna manera hay que resarcirlo y este el acuerdo al que han llegado con la Justicia”.
El acuerdo
Esta semana, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez dictaminó a favor de conceder la “conciliación” a Fernández y a Yáñez para cerrar la causa por violación de las medidas de contención contra el Covid-19. El representante del Ministerio Público aprobó la oferta de reparación del daño formulada por la pareja presidencial, que consiste en el pago de $1,6 millones por parte del Presidente y de $1,4 millones de Yáñez.
Fernántez estuvo representado por el abogado Fernando Sgro, en tanto que la Primera Dama, por Juan Pablo Fioribello. Los pagos deberán aplicarse a instituciones hospitalarias dedicadas al combate contra el coronavirus. Una vez cumplidos los términos del acuerdo, tanto el mandatario como su pareja, que recientemente se convirtieron en padres de Francisco, serán sobreseídos.
El acuerdo del fiscal es un paso indispensable para la resolución del expediente mediante uno de los mecanismos alternativos contemplados en el Código Procesal Penal. Una vez que concuerdan la parte acusadora (en este caso, el fiscal) y la acusada, el juez sólo debe controlar que se hubieran respetado las garantías constitucionales y que no haya “arbitrariedad”. De tal forma, sólo resta la homologación por parte del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli.
