(BUENOS AIRES).- “un amplio informe patrimonial, económico y financiero a través de una institución especializada”, pidió la fiscalía federal de Gerardo Pollicita al juez Ariel Lijo. La Justicia federal investiga a Chiqui Tapia por presunto enriquecimiento ilícito y el fiscal solicitó 20 medidas de prueba para reconstruir la evolución de sus bienes, ingresos y fondos.
La causa quedó radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo después de que la Cámara Federal porteña resolviera esta semana un conflicto de competencia entre juzgados. El juez deberá decidir sobre las medidas solicitadas por Pollicita. Según el expediente, es la primera causa judicial que investiga específicamente el patrimonio de Chiqui Tapia y su desempeño como funcionario público.
Guillermo Tofoni presentó la denuncia el 7 de abril. El empresario sostuvo, a partir de su análisis de las declaraciones juradas, que el patrimonio de Chiqui Tapia registró un incremento del 1.000% entre 2017 y 2024 y cuestionó que pudiera explicarse con los ingresos lícitos declarados. Tofoni mantiene un enfrentamiento con Tapia desde que la AFA dio de baja el contrato de su empresa World Eleven para organizar y comercializar los partidos amistosos de la Selección Argentina.
Pollicita pidió levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de Tapia, además del deber de reserva de la Unidad de Información Financiera (UIF). El fiscal solicitó informes a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Central de la República Argentina, la Caja de Valores, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la UIF. También requirió al CEAMSE el legajo personal, las declaraciones juradas presentadas desde su ingreso —incluidos los anexos reservados— y el detalle de los ingresos percibidos.
El CEAMSE es una empresa pública interjurisdiccional que gestiona los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y administra el peaje del Camino del Buen Ayre. Según la denuncia, Tapia se desempeñó como vicepresidente en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta 2024 y asumió como presidente en representación de la Provincia de Buenos Aires en enero de 2025. La presentación menciona ingresos anuales de $100.233.144 por el organismo y $718.536.500 como vicepresidente de la Conmebol. La presidencia de la AFA no integra esta investigación: es un cargo sin remuneración.
La fiscalía también pidió un exhorto internacional a la Conmebol, con sede en Asunción, Paraguay, para que “que remita copias del legajo personal” de Tapia, informe los cargos ocupados y detalle los montos cobrados. El requerimiento busca establecer además si ejerció funciones directivas o electivas ante la FIFA y, en ese caso, desde cuándo, en representación de quién y con qué ingresos. Las medidas incluyen datos de Migraciones, registros de automotores, buques, aeronaves e inmuebles de Capital Federal, provincia de Buenos Aires y San Juan, además de eventuales inversiones en criptomonedas.
El expediente patrimonial se suma a otras investigaciones vinculadas con la AFA. Tapia y Pablo Toviggino están procesados por evasión impositiva en la asociación, y ambos son investigados por el manejo de fondos de la AFA en el extranjero; también hay actuaciones por el presunto uso de facturas falsas y por una mansión en Pilar atribuida al tesorero. En otra causa penal, Chiqui Tapia tiene un procesamiento firme en segunda instancia por la supuesta retención indebida de aportes de la AFA, calculada en 19.000 millones de pesos, y podría ser enviado a juicio oral. Una vez reunida la documentación, Pollicita busca “arribar a conclusiones que permitan –en su caso- formular imputaciones según los elementos recabados”.
