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Juan Grabois

POLÍTICA

Juan Grabois habló de “indignidad” tras la aprobación del dólar soja

El dirigente social cuestionó la reciente medida aprobada por el Banco Central y volvió a marcarle la cancha al presidente Alberto Fernández.



El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó el martes por la noche el «dólar soja«. Se trata de un nuevo instrumento para incentivar a que productores agropecuarios vendan sus cosechas de soja antes del 31 de agosto. En este marco, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, salió a criticar la medida, y planteó: “¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar?”.

Desde su cuenta de Twitter, Grabois se expresó en contra del incentivo al sector agroexportador y cuestionó al gobierno de Alberto Fernández por anunciarlo en el marco del 70º aniversario de la muerte de Eva Perón. “Dale que va ¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar?”, escribió el abogado, quien impulsa la creación de un salario básico universal.

“A los que les interesa el tema de la lucha de clases, aprendan de los mejores. Esta clase lucha y gana… Y en el día de Evita para humillarnos. Mientras tanto se nos mueren de hambre los niños en Salta desmontada”, completó Grabois. De esa forma, el referente social se quejó de las facilidades anunciadas por el BCRA para que el campo liquide dólares, a pesar de las críticas del presidente Alberto Fernández, y denunció que, en paralelo, la desigualdad en las provincias se profundiza.

En qué consiste el “dólar soja”

La flamante medida del BCRA está dirigida a los productores agropecuarios que vendan su cosecha de soja, en la misma línea de los beneficios que reciben otras industrias que incrementan sus exportaciones. Así, el Gobierno confía en que el campo liquide al menos una parte de unos US$ 20.000 millones que mantendría retenido ante el ruido cambiario, en medio de una incesante caída de reservas.

En este caso, el BCRA informó que se permitirá que los productores realicen un “depósito a la vista en las entidades financieras con retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio A3500 (Dólar Link) por hasta el 70% del valor de la venta de granos”. Además, por el 30% restante se permitirá la “Formación de Activos Externos, al valor del dólar oficial más el impuesto PAIS y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP”.

El Central dijo que busca “equilibrar a los productores agropecuarios con los beneficios que disponen los distintos sectores productivos”. Entre otros beneficios, destacó la “libre disponibilidad de divisas por el incremento de las exportaciones que se realicen respecto del año anterior que aplica a la industria manufacturera”. También el “Régimen de Fomento de Inversión para la Exportación o el régimen para la industria del Conocimiento que permite aplicar parte del incremento de las exportaciones al pago de la masa salarial”.

En el caso del régimen para la venta de la cosecha de soja estará disponible hasta el 31 de agosto próximo, indicó el BCRA. Durante ese lapso, los productores podrán adquirir divisas de libre disponibilidad por 30% de los fondos obtenidos por la venta de granos con destino a la exportación y convertir 70% en un depósito de libre disponibilidad con retribución variable en función de la evolución del tipo de cambio oficial.

La próxima movilización anunciada por Juan Grabois

Cabe remarcar que, para el próximo jueves, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) convocó a asambleas en todo el país para discutir un plan de acción con el objetivo de lograr la aprobación e implementación del salario básico universal para trabajadores informales. Se trata del proyecto presentado por diputados del Frente Patria Grande (ligados a Grabois), como Itai Hagman.

Dicho espacio político pretende que 7,5 millones de personas de entre 18 y 64 años que no poseen ingresos provenientes del mercado laboral formal y que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, reciban un monto equivalente a la Canasta Básica Alimentaria individual: es decir, $15.000. De ser aprobada, la medida alcanzaría un costo del 2,1% del PBI anual.