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El Intransigente
Oscar Parrilli

POLÍTICA

Oscar Parrilli se consideró víctima de lawfare en el juicio por el libro “La Década Ganada”

El senador nacional kirchnerista y exfuncionario de Cristina Kirchner tuvo una jornada caliente ante el TOF Nº 7.

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Comenzó este lunes el juicio por la frustrada impresión del libro “La Década Ganada”. Se trata del proceso judicial en el que Oscar Parrilli, actual senador nacional del Frente de Todos, es el principal acusado. La causa investiga el pago de un adelanto de $800.000 desde la Secretaría General de la Presidencia, cuyo titular era Parrilli, a la Casa de la Moneda, durante la presidencia de Cristina Kirchner.

El reproche de Parrilli al Tribunal

Parrilli, mano derecha de la actual vicepresidenta, está acusado de “defraudación en perjuicio de la administración pública”. Pero en su indagatoria replicó que “el dinero salió de un bolsillo del Estado y fue a otro bolsillo del Estado”. “Me siento vejado por una causa injusta que es una persecución política”, se quejó Parrilli, argumentando que no existió perjuicio para las arcas públicas y que, en cambio, es víctima de lawfare.

“¿Dónde está el delito?, ¿dónde está el dinero que se llevó Parrilli o algún otro imputado? No existe delito y este juicio no tiene sentido”, insistió el senador ante el Tribunal Oral Federal Nº 7. Ante la declamada ausencia de delito, el abogado de Parrilli, el exjefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, planteó la nulidad del juicio, pero la moción recibió un rotundo rechazo. El lunes próximo será el turno de la indagatoria de Katya Daura, extitular de la Casa de la Moneda.

El cruce entre Parrilli y un juez decretado por el macrismo

También fueron desestimadas las críticas que Parrilli formuló contra uno de los integrantes del tribunal, Germán Castelli, uno de los jueces trasladados por decreto del expresidente Mauricio Macri. “Yo, como senador, no voté su pliego para este tribunal. Usted no debería estar juzgándome”, disparó Parrilli. Castelli le preguntó si lo iba a recusar, pero Ibarra lo negó y limitó el cuestionamiento a una cuestión que está todavía a resolución de la Corte Suprema de Justicia. “Yo soy un juez de la Constitución”, reivindicó Castelli.

Parrilli atacó el auto de elevación a juicio, firmado por el fiscal Carlos Rívolo, quien en su acusación sostuvo que “el interés público (para la publicación del libro) no estaba debidamente justificado”. “¿Quién es el fiscal Rívolo para juzgar si políticamente estaba o no justificado el libro? El pez por la boca muere. A Rívolo no le gustaba lo que hicimos en nuestro Gobierno, pero él está para señalar si se cometieron delitos, no para opinar de política. En todo caso, eso lo juzga la ciudadanía con su voto”, remarcó Parrilli.

Quiénes más están acusados

El tribunal, integrado, además de Castelli, por Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, tiene previsto desarrollar el debate oral en el que también están imputados otros exfuncionarios. Entre ellos, se destacan Javier Grosman, exdirector de la Unidad Ejecutora Bicentenario; y Matías Njirjak, exjefe de Gestión Institucional del área de Relaciones con la Comunidad de la Casa de Moneda.

Parrilli llegó a este juicio imputado por “defraudación en perjuicio de la administración pública” por el proyecto de edición de un libro en el contexto de los festejos por el Bicentenario de la Independencia Argentina. Por el mismo, el Estado pagó $800.000, pero finalmente desistió de la impresión. El proyecto era la impresión de 100.000 ejemplares que iban a entregarse entre mayo y junio de 2013 a un precio de $80 cada libro.

Por qué no se imprimieron los ejemplares

Sobre por qué no se imprimieron los libros, Parrilli afirmó meses atrás que “se encargaron los primeros 20.000 y se pagó el adelanto establecido en el Pliego de Condiciones particulares, que significaba $800.000. El dinero ingresó por cheque público a la Tesorería de Casa de Moneda”, aseguró el senador, y agregó: “Con posterioridad a ello, se decidió no seguir adelante con la licitación por oportunidad, mérito y conveniencia, que es una facultad de todo gobierno”.

Sobre la calificación legal con la que llegará a juicio, Parrilli explicó que la figura de la administración fraudulenta “requiere causar un perjuicio intencionalmente a los bienes administrados con el fin de obtener un lucro indebido para sí o para un tercero o con el fin de causar daño, lo que obviamente no ocurrió”. “Se trató de dos organismos públicos, el adelanto de dinero ingresó en una tesorería pública y no hubo ningún desvío a un particular, sea persona o empresa. En definitiva, ese adelanto quedó dentro del Estado”, insistió.