El juez federal Jorge Gorini, uno de los magistrados que participan del juicio por presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz en el que está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner, halló esta mañana un paquete sospechoso en la puerta de su casa. Y luego de observarlo con atención, decidió llamar a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Según confirmaron fuentes policiales, Gorini advirtió la presencia de un elemento cilíndrico embalado con cinta que estaba ubicado entre la reja y el ingreso al garaje, en el lado interno de su casa. En un primer momento, el juez pensó que se trataba de una botella, pero al observar el misterioso artefacto con más atención, se percató que no era un envase plástico.
Por esa razón, el magistrado avisó a sus custodios, quienes realizaron la denuncia a través de un llamado al 911. Efectivos de la comisaría vecinal 11A llegaron hasta la vivienda situada sobre la calle Llavallol al 2400 del barrio porteño de Villa del Parque y constató la presencia del paquete sospechoso.
De manera inmediata, los uniformados de la fuerza porteña armaron un cordón de seguridad y avisaron al Escuadrón Antibombas. La fuerza especial de la Policía de la Ciudad realizó una detonación controlada del paquete y, luego de la explosión, los efectivos pudieron comprobar que se trató de una falsa alarma, ya que en el interior del bulto solo había fruta.
Los jueces a cargo Tribunal Oral Federal N°2 que llevan adelante la Causa Vialidad son: Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y el propio Gorini. Mientras que los fiscales son: Diego Luciani y Sergio Mola. En el juicio se debaten las supuestas maniobras para beneficiar al empresario Lázaro Báez con adjudicaciones de obra pública en la provincia sureña y otras presuntas irregularidades a través de la firma Austral Construcciones.
Para el lunes de la próxima semana se prevé el inicio del alegato de la defensa de Cristina Kirchner a través de su abogado Carlos Beraldi. En la causa, la vicepresidenta recibió un pedido de condena de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
