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POLÍTICA

Causa Vialidad: jefes de Estado de condenaron la supuesta «guerra legal» contra Cristina Kirchner

La Internacional Progresista fue la organización que ideó la campaña mundial en solidaridad con Cristina Kirchner



La Internacional Progresista (IP), una organización que reúne a partidos políticos de varios países, lanzó este sábado «una campaña mundial de solidaridad» con la vicepresidenta Cristina Kirchner. La iniciativa se dio ante el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre y la supuesta «guerra legal» que se libra contra la exmandataria en la causa Vialidad. A la causa se sumaron varios jefes de Estado y altos funcionarios de Turquía, España, Colombia, entre otras naciones.

Desde esta organización emitieron una declaración en la que condenan «la guerra legal que se libra ahora contra Cristina Fernández de Kirchner». «Esta semana, Fernández de Kirchner se vio obligada a defenderse en una causa judicial que pretende meterla en la cárcel durante 12 años y prohibirle la actividad política. Ha negado enérgicamente las acusaciones, argumentando que son una forma de guerra legal dirigida contra las fuerzas progresistas de Argentina», sostuvieron en el documento.

«El 1 de septiembre, el mundo vio con horror cómo la pistola de un presunto asesino falló al disparar a quemarropa contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Los medios de comunicación llaman al asesino ‘loco suelto’. Sin embargo, sus acciones violentas forman parte de una campaña más amplia de persecución que no sólo apunta a Cristina, sino a todos los proyectos de poder popular en Argentina y en toda América Latina», añadió el texto.

Situación judicial de Cristina Kirchner

El IP Reseñó también que «esta semana, la Vicepresidenta se vio obligada a defenderse en una causa judicial que pretende llevarla a la cárcel durante 12 años e impedir que un gobierno popular llegue al poder en Argentina el próximo año». En ese sentido, agregó que «la constante persecución judicial que ha sufrido» pone en riesgo la vida democrática del país».

«Ese es el verdadero objetivo de la guerra legal que hoy vemos en toda América Latina: la judicialización de la política para atacar y descalificar a líderes y lideresas progresistas«. El documento expuso como ejemplos a Manuel Zelaya, Rafael Correa, Fernando Lugo, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Evo Morales y Álvaro García Linera. Todos ellos están relacionados con la centroizquierda.

Los firmantes

La declaración de IP lleva las firmas del diputado Yanis Varoufakis (Grecia), Cornel West (Estados Unidos), Aruna Roy (India), Baltasar Garzón (España) diputada Leïla Chaibi (Francia) y Ertu?rul Kürkçü (Turquía). También, Vijay Prashad (India), Alicia Castro (Argentina), Ahdaf Soueif (Egipto), Renata Ávila (Guatemala), Nikhil Dey (India), Yara Hawari (Palestina). Por último, se sumaron Sre?ko Horvat (Croacia), Scott Ludlam (Australia), Nick Estes (Estados Unidos) y Niki Ashton MP (Canadá).

Los presidentes Alberto Fernández (Argentina), Gustavo Petro (Colombia), Andrés Manuel López Obrador (México) y Luis Arce (Bolivia) habían manifestado el mes pasado su apoyo a la Vicepresidenta. Ante el ataque, condenaron «la injustificable persecución judicial» contra la exmandataria como parte de «una campaña mundial de solidaridad» lanzada por la IP. Posteriormente, se sumó Rafael Correa, expresidente de Ecuador. «¡Qué el Mundo reaccione!», exhortó este último.