El exfuncionario Ricardo Jaime recibió este jueves pésimas noticias por parte de la Justicia. Es que al exsecretario de Transporte durante el kirchnerismo lo volvieron a condenar por un supuesto pedido de coima para la construcción del “tren bala” que nunca se construyó. La pena que le dieron a Jaime es por dos años y medio de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
La coima por la cual se incrimina al exfuncionario es de un millón de dólares, según NA. Pese a que el pago no se concretó porque el proyecto de construcción del tren de alta velocidad nunca se hizo, el Tribunal Oral Federal Nº 8 igualmente dispuso la condena. Los jueces a cargo, Sabrina Namer, Gabriela López Iñíguez y José Toselli, además multaron a Jaime, que ya está preso en relación con otros procesos, por $90.000.
El juicio se realizó vía plataforma informática Zoom y el tribunal anunciará los fundamentos de la condena el 22 de noviembre próximo. El fiscal de juicio, Marcelo Colombo, había pedido una pena de cuatro años y medio de cárcel de cumplimiento efectivo, en tanto que la defensa de Jaime había solicitado la absolución. De hecho, Jaime era el único en el banquillo de los acusados, pues, al resto sí los sobreseyeron, como al exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi.
La causa contra Ricardo Jaime por el tren bala
La acusación contra el exfuncionario se basó en un supuesto acuerdo espurio con la multinacional Alstom, a través de sus socios locales, para el pago de una coima de un millón de dólares a través de una consultora administrada por un colaborador cercano a Jaime. Entre los socios argentinos de la multinacional figuraba Iecsa, que formaba parte del grupo empresario de la familia del expresidente Mauricio Macri.
La causa se inició en 2008 por la denuncia del exlegislador Mario Cafiero y el abogado Ricardo Monner Sans por el supuesto cobro de sobornos de Jaime en orden al millón de dólares por el proyecto frustrado del tren bala, que debía unir Buenos Aires con Rosario y Córdoba, y el cual nunca se hizo. La empresa favorecida (Alstom) la representaba Jean-Daniel Lainé y Thibault Peters Desteract.
Si bien el proyecto nunca avanzó, quedaron las sospechas del cobro de sobornos por parte de Jaime. Según las sospechas, el soborno estuvo camuflado a partir de la contratación de los servicios de la consultora Caesa, vinculada a Julián y Manuel Vázquez, estos dos últimos exasesores de Jaime y juntos investigados en múltiples causas.
