Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos, reveló su intención de que se sancione una ley para capacitar a los funcionarios públicos «contra el odio». «Aspiro a que una Ley Micaela contra el odio nos sirva a los funcionarios públicos para capacitarnos y generar acciones positivas contra el odio», sostuvo el dirigente oficialista.
En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en La990, el exembajador argentino ante el Vaticano se quejó también de las respuestas que recibió. Por impulsar esa iniciativa, algunos sectores de la oposición consideran que se ha «transformado en el demonio», debido a que la ley censuraría opiniones adversas al poder político.
«Con eso solo están furiosos», lamentó Eduardo Valdés, quien advirtió, al señalar la responsabilidad de los medios, que «empezó a medir en el rating televisivo el discurso de odio». En ese sentido, el diputado nacional subrayó que eso «es tan peligroso que terminó en un intento de magnicidio» contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
También repudió que ninguno de la coalición opositora haya telefoneado a la vicepresidenta. «Salvo, que yo sepa, (el gobernador de Jujuy) Gerardo Morales de la UCR, ninguno llamó a la vicepresidenta a su celular. Eso es lo que más me sorprende. No bajo los brazos, lucho contra el país del odio que quieren fomentar algunos medios», afirmó el legislador nacional.
Eduardo Valdés contra la «persecución judicial»
A su vez, el dirigente repudió «la persecución judicial» que atraviesa, al sostener que «no tengo ninguna duda» de que la exmandataria «no quiere ni indulto ni amnistía» sino «justicia». Sus declaraciones son en contexto del juicio que se le sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante sus dos gobiernos y el de Néstor Kirchner
«Por eso se presentó siempre a cada convocatoria en la justicia. Aun el día que la convocaron a ocho indagatorias en un mismo día, en febrero de 2019. Lo hicieron para quebrar su voluntad de ser candidata», puntualizó. El 22 de agosto, el fiscal Diego Luciani solicitó una condena de 12 años de prisión, lo que generó una fuerte reacción por parte del kirhcnerismo
