Hay cuatro personas detenidas en el marco de la causa que investiga las amenaza que recibió la vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner. Ellos son Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, quienes prestaron declaración indagatoria en la tarde de hoy aunque la Justicia puso el foco en el primero de los mencionados que es considerado el líder de Revolución Federal.
Cabe recordar que esta causa se inició luego del ataque armado contra la exmandataria. Una de las imputadas, Brenda Uliarte, era cercana a esta organización a la hora de marchar y pensaron que podría haber una relación en la agresión. Sin embargo, en el Poder Judicial decidieron que eran dos causas diferentes puesto que ninguno de los detenidos aportó directamente al suceso del primero de septiembre.
Jonathan Morel, por medio de su abogado Tomás Fraga Cepeda, pidió ser excarcelado y respondió una serie de preguntas de parte de la fiscalía. “No tengo la culpa de que un loco haya querido matar a la Vicepresidenta”, se defendió el vocero de dicho espacio que reiteró que no tenía vínculo con Uliarte más que para manifestarse en ciertos casos.
“Se mostró enteramente dispuesto a colaborar. Contó que Revolución Federal fracasó y que comenzó a disolverse en el último tiempo y respondió todo lo que le preguntó la fiscalía”, sostuvo el abogado defensor en diálogo con Télam. Sin embargo, también fue consultado acerca de los presuntos vínculos que tuvo con los hermanos Caputo y justificó los pagos millonarios.
Los pagos de Caputo
Sobre el financiamiento de Revolución Federal aseguró que salía todo de contribuciones de los manifestantes mientras que Caputo Hermanos no tiene nada que ver sobre ellos. En referencia a los pagos millonarios que recibió Jonathan Morel explicó que fueron por trabajos de carpintería realizados y no porque sea parte o quiera representar a Revolución Federal.
Con todo esto sobre la mesa, la Justicia definió a Revolución Federal como un «esquema delictivo» para «imponer» ideas y «combatir las ajenas por la fuerza y el temor» y que eso generó en la sociedad la escalada de «violencia y odio». Además, el juez Marcelo Martínez de Giorgi entendió que «la actividad de la agrupación causó temor y alteró la tranquilidad de la sociedad y de las autoridades nacionales».
