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POLÍTICA

¿Hubo instigación?: el pedido de Cristina Kirchner a la Justicia sobre las colaboradoras de Gerardo Milman

La querella de la vicepresidenta busca ir a fondo sobre Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco.



La vicepresidenta Cristina Kirchner busca ir a fondo contra el diputado nacional Gerardo Milman, a quien se sospecha como instigador del ataque sufrido el pasado 1 de septiembre. En este sentido, la exmandataria insistió este viernes ante la jueza María Eugenia Capuchetti en el secuestro de los teléfonos de las dos colaboradoras que estuvieron reunidad con Milman en la confitería Casablanca dos días antes del intento de magnicidio.

El abogado Marcos Aldazábal cuestionó la decisión de la magistrada de rechazar el pedido formulado cuando las dos colaboradoras del diputado de Juntos por el Cambio, Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, declararon convocadas tras el relato de un testigo que afirmó haber escuchado a Milman decir: “Cuando la maten voy a estar camino a la Costa (Atlántica)”, en alusión a la localidad de Pinamar, según NA.

La querella sostiene que el análisis de los teléfonos celulares de ambas mujeres podría contribuir a esclarecer si Milman sabía o no con anticipación del atentado contra la vicepresidenta. Pero Capuchetti rechazó el secuestro de los celulares porque consideró que la medida no estaba justificada y violaba las garantías de privacidad contempladas en la Constitución Nacional.

El escrito cuestiona que se haya descartado ese elemento de prueba sobre la sospecha instalada por un asesor del diputado del Frente de Todos Marcos Cleri sobre el conocimiento que Milman pudo haber tenido previo al ataque. En ese sentido, la querella advirtió que “la investigación no llegará muy lejos” si no se agotan las posibilidades de determinar si lo que declaró el asesor parlamentario fue real o no.

Para ello, el secuestro de los teléfonos de las colaboradoras de Milman estaban “plenamente justificados”, consideró la querella. El rechazo, añadió Aldazábal, limita la posibilidad de corroborar la veracidad de la versión a una confesión del propio diputado o a la declaración de alguien que ratifique lo que dice haber escuchado el asesor parlamentario. El tono enérgico del planteo parece presagiar una tensión en la relación de la querella con la jueza a cargo de la investigación.