Tras una maratónica sesión especial, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la mañana de este jueves el proyecto de Presupuesto 2023. De esta manera, la iniciativa elevada por el Gobierno pasó al Senado para su próximo tratamiento. Entre los puntos centrales del proyecto, se destacan la previsión de un gasto global de casi $ 29 billones, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria de 60% y destina el 70% de los recursos a rubros sociales.
No obstante, el oficialismo se quedó con un sabor agridulce. Puesto, a lo largo de la sesión que se extendió por 19 horas, no logró incorporar el artículo para eliminar la exención del impuesto a las Ganancias al Poder Judicial al perder la votación por 134 contra 116 votos del Frente de Todos, ni el artículo que permitía al Poder Ejecutivo poder aumentar las retenciones agropecuarias.
En este sentido, es importante repasar punto por punto qué establece el proyecto de ley que se giró a la Cámara alta para una eventual sanción definitiva. El gasto global del Presupuesto será de $ 28.954.031.315.031, mientras que los recursos previstos para el próximo año son $ 22.554.178.961.624. Al mismo tiempo, se busca reducir el déficit del 2,5% de 2022 al 1,9% en 2023, por un monto de $ 6.399.852.353.407.
En tanto, la pauta inflacionaria se estima en un 60%. Asimismo, se incluyó un artículo que obliga al Gobierno a mandar una corrección del Presupuesto si la recaudación o la inflación supera la meta prevista en un 10% al 31 de agosto próximo. Y se habilitó al jefe de Gabinete a readecuar partidas para que los gastos educativos no puedan ser menores a 1,33% del Producto Bruto Interno (PBI).
Otra incorporación fue la del blanqueo de capitales sólo destinado a compras de viviendas usadas. Por otra parte, se elevaron impuestos internos de 6,5% a 9,5% a productos electrónicos producidos en Tierra del Fuego; para los importados la suba es de 17% a 19%. También se creó una tasa sobre los pasajes de avión de $ 250 destinado a la seguridad aeroportuaria, lo cual despertó gran polémica.
En cuanto a los balances de las empresas, podrán imputarse hasta un tercio del ajuste de la inflación en el 2022, un tercio en el 2023 y otro en el 2024. Mientras tanto, los recursos para la Administración Gubernamental serán de $ 1.628.433.324.230 en 2023: se destinarán a servicios de Defensa y Seguridad $ 1.255.059.015.383; los fondos destinados a fondos sociales serán de $ 18.651.628.646.227.
Por su parte, los servicios económicos serán de $ 4.504.399.928.803 y para el pago de la deuda se destinarán $ 2.914.510.400.388. Asimismo, un artículo permitirá a los trabajadores camioneros no pagar el impuesto a las Ganancias por los adicionales que cobran como premio, viáticos y comida, mientras que las universidades nacionales recibirán $ 752.000 millones.
El proyecto también establece un desembolso de $ 10.000 millones al Fondo Nacional de Desempleo y una asignación al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos de $ 9.000 millones y de $ 1.000 millones a la Protección de Bosques Nativos. Por otra parte, será de $ 3.000 millones el cupo fiscal para cumplir con la ley de Fomento de Innovación Tecnológica, de $ 700 millones para biotecnología y de $ 70.000 millones para la ley de Economía del Conocimiento.
El dictamen también asigna $ 153.000 millones para el pago de sentencias previsionales con fallo firme; $ 85.000 millones al transporte de pasajeros del interior del país en conceptos de subsidios y la obligatoriedad de tener el sistema SUBE; y $ 47.000 millones a la provincia de La Rioja que se pagarán en 12 cuotas. Al mismo tiempo, prorroga hasta 2025 la emergencia alimentaria nacional.
El proyecto fija que las provincias y municipios deberán controlar que las empresas de electricidad paguen sus deudas a la mayorista Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) y tendrán seis meses para acordar un plan de pagos. Sobre Ganancias, añade la posibilidad de descontar de Ganancias hasta el 40% de los gastos destinados a educación.
Por último, se crea un régimen de regularización tributaria para provincias y la Ciudad de Buenos Aires para la condonación de deudas y recursos de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre del 2022, con excepción de los aportes a las obras sociales y aseguradoras de riesgos del trabajo (ART). E introduce un cambio para que el aporte a las obras sociales se realice de acuerdo a cada categoría del Monotributo, que en la actualidad es un monto fijo de $ 1.778 (con este cambio la categoría más alta pagará $ 10.505).
