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José Luis Espert

POLÍTICA

José Luis Espert contra las cuerdas: lo denunciaron por violencia política contra militantes de Juan Grabois

El economista liberal quedó mal parado tras una serie de comentarios desafortunados en las redes sociales.





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La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció al diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, por haber pedido «bala» a los militantes de Juan Grabois que tomaron tierras de la Patagonia que son propiedad del empresario inglés, Joe Lewis, para exigir su pronta devolución a los argentinos como patrimonio cultural.

«Cárcel o bala para estos delincuentes», expresó Espert en un tuit totalmente desaforado y por el cual fue denunciado penalmente. En las redes sociales, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, le respondió sin escrúpulos al economista liberal y le dijo: «Señor Espert, sigue incentivando la violencia y el delito. Pedir «bala» es de fascista y si no fuera por la mafia judicial de nuestro país usted ya estaría procesado. Es usted una persona peligrosa para nuestra democracia». Parte de las declaraciones fueron citadas por la agencia Télam.

Luego, Pietragalla agregó en otro tuit: «Hoy realizaremos otra denuncia penal, porque no podemos permitir nunca más que un diputado nacional promueva la violencia política en nuestro país». El dirigente político del Frente de Todos remarcó en la denuncia la «peligrosidad y el carácter antidemocrático» de los dichos del precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

«No podemos permitir nunca más la violencia política en nuestro país», expresó Pietragalla y agregó: «Especialmente teniendo en cuenta la reiteración de estas conductas y que quien difunde estas expresiones violentas sea un diputado nacional». En ese marco, se citó el artículo 209 del código penal que castiga públicamente a quien «instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución».

«Es evidente que la falta de respuesta judicial adecuada ante expresiones que configuran el delito de instigación pública por parte de un diputado nacional genera su repetición. En un país con alta conflictividad social y política, que se encuentra obligado a respetar el derecho humano a la protesta social, que un representante del pueblo instigue públicamente a matar a quien protesta no puede quedar sin sanción judicial», comentó Pietragalla.