La Justicia de Perú confirmó el jueves una prisión preventiva de 18 meses para el expresidente Pedro Castillo, en una jornada en la que fallecieron al menos siete personas y en la que se agravó un conflicto diplomático de Lima con gobiernos de la región que se oponen a la destitución del líder de izquierda.
Castillo, un profesor de primaria elegido en 2021, fue destituido el 7 de diciembre tras intentar disolver el Congreso e intervenir el Poder Judicial de forma ilegal. El juez supremo Juan Carlos Checkley fundamentó su decisión en que existe un riesgo de fuga del exmandatario, que intentó pedir asilo en México. Además, agregó que hay peligro de que obstruya la justicia si se le deja en libertad.
El expresidente cumplió una detención preliminar de siete días tras su destitución por el Congreso, dominado por la oposición, y permaneció recluido en una base policial al este de Lima. Cientos de manifestantes se apostaron fuera de la base policial para reclamar la libertad de Castillo, informó Reuters.
En lugar de Castillo, asumió su vicepresidenta, la abogada Dina Boluarte. La nueva mandataria ha enfrentado duras protestas, que han dejado 15 muertos en una semana y en las que se demanda un adelanto de las elecciones, el cierre del Congreso, una asamblea constituyente y su renuncia.
Castillo ha negado las acusaciones de «rebelión y conspiración» y el miércoles, en un mensaje por Twitter, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la ONU que «interceda». México, Argentina, Colombia y Bolivia manifestaron esta semana en un comunicado conjunto que Castillo había sido víctima de «hostigamiento» político desde que asumió el poder el año pasado y exhortó a Perú a «abstenerse de revertir la voluntad popular expresada» en las urnas.
