La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a recusar a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, al frente de la investigación de su intento de asesinato. En esta oportunidad, la acusó de ser «dependiente» del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debido a sus supuestos vínculos con el PRO. La semana pasada, el ministro de Justicia Martín Soria cuestionó el rol de la jueza como investigadora en una entidad del Gobierno de la Ciudad, el cual no debería ejercer debido a la incompatibilidad establecida en el Decreto-Ley 1285/58.
La titular del Senado, en sus redes sociales, resaltó el «trabajo» de la magistrada en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad. Casualmente, es un organismo que depende del ministro de Seguridad y Justicia que dirigía hasta su licencia Marcelo D’Alessandro. Se trata de la segunda recusación de la ex presidenta sobre la jueza. En noviembre pasado lo había hecho por irregularidades en la investigación por el intento de magnicidio.
El «trabajo» que Cristina Kirchner critica
Cristina Kirchner destacó la relación entre Capuchetti y el funcionario porteño, quien «hizo inteligencia» en su domicilio, dijo, «antes y después del atentado», ocurrido el 1 de septiembre pasado. La defensa de la vicepresidenta sostuvo que «el día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un «trabajo» rentado en dicho instituto
«Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana», enfatizaron los abogados de Cristina Kirchner. Y agregaron: «Desde 2019, Capuchetti pasó de ser investigadora a ‘Investigadora Senior’ (Resolución No. 62/ISSP/19)».
«Luego, mantuvo este cargo. Así surge, por ejemplo, de la Resolución No. 2/ISSP/22, del 3 de enero de 2022, que designó a Capuchetti por un año como ‘Investigadora Senior’ del organismo. Hace solo una semana, el 2 de enero de 2023, la Resolución No. 6/ISSP/23 extendió este plazo por un año más», agregaron. Y ampliaron que «participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica, más allá de lo que se haga en el organismo».
«Las tareas de investigación y planificación de políticas públicas para un organismo ejecutivo están netamente prohibidas para los jueces. Y, como vimos, el Observatorio del ISSP no tiene entre sus funciones las actividades de docencia. Si Capuchetti hace algo además de cobrar un sueldo, es diáfano que es algo incompatible con su cargo», indicaron.
Lago Escondido e intento de magnicidio
En la recusación, se nombra el presunto viaje a Lago Escondido para dar cuenta de «la falta de transparencia» del ISSP. Al nombrar a varios de los directivos del establecimiento, entre ellos al vicedirector Juan Bautista Mahiques, implicado en la causa por encontrarse su nombre en las conversaciones, se concluye que las relaciones de Capuchetti son «ilegales, espurias y carentes de toda ética».
En el tercer apartado se hace mención al trabajo de la jueza antes y después del atentado, que fue definido como «una caza de brujas» con claros fines políticos. «Un enorme dispositivo de seguridad se encargó de cercenar la libertad de expresión, pero permitió que dos asesinos (Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte) estén al borde de cumplir su cometido», resume.
«Marcelo D ?Alessandro, el empleador de la jueza a cargo de esta causa, ocupa y ocupó durante el atentado y los meses previos, ni más ni menos que el control de la calle», insiste el documento. Por ello, la recusación contra Capuchetti también se asienta sobre la falta de sumarios a la Policía de la Ciudad, encargada de vallar el domicilio. Y, sobre ello, de su estrecha relación con el Ministerio de Seguridad y Justicia.
