El crimen de Fernando Báez Sosa conmocionó a gran parte de la sociedad Argentina. La noche del 18 de enero de 2020, un grupo de ocho rugbiers lo atacó a la salida de un boliche en Villa Gesell y el caso se resolvió a principio de mes. La Justicia los encontró culpables a todos los acusados y le dio cadena perpetua a cinco de ellos y a los tres restantes 15 años por ser partícipes secundarios.
Particularmente estas tres personas tienen más posibilidades de que se pena se reduzca o salgan en libertad antes de tiempo. Es por ello que Blas Cinalli trató de moverse rápido y se contactó con el abogado penalista Miguel Ángel Pierri para que lo defienda en la Cámara Federal de Casación Penal pero no alcanzaron un acuerdo económico.
El letrado les había pedido 200.000 dólares a Cinalli y Ayrton Viollaz para representarlos y tratar de bajar sus condenas. Allegados a Pierri le confesaron a NA que esa cifra «podría haber sido mayor» pero decidió no elevarla. Por el contrario, las familias de ambos decidieron no aceptar el pedido del abogado y buscarán otras opciones para defenderlos en el caso de Fernando Báez Sosa.
«Recibieron propuestas de otros letrados que se ofrecen a defenderlos sin cobrar por sus servicios«, resaltaron desde el entorno de ambos condenados. Sin embargo, deberán resolver rápido sus defensas porque el plazo para elaborar el recurso vence el próximo martes y allí deberán inscribir a los representantes de cada uno de los involucrados en el caso.
El primero en romper el silencio
Del pacto de silencio que hicieron los acusados, el primero que lo quebró fue Blas Cinalli en una carta enviada a Crónica TV que adelantaba su alejamiento de los demás. «No ideamos un plan para matar a Fernando (Báez Sosa). No hubo roles, eso nunca existió. Perdón, ya pedimos, seguro no se soluciona nada con eso, pero al menos pedimos perdón por este hecho que pasó, nos escrachan por todos lados. Dejen vivir, no tenemos vida, viven hablando mal de nosotros. Cortenlá, pagar ya estamos pagando desde el primer día«, escribió.
