La Fiscalía de Perú anunció el martes que formalizó una investigación contra el expresidente Pedro Castillo como presunto autor de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cómplice de colusión durante su mandato, antes de su destitución en diciembre.
La decisión de la fiscalía se conoce luego de que el Congreso aprobara el viernes una denuncia constitucional contra Castillo por presuntos casos de corrupción durante su gestión entre julio del 2021 hasta el 7 de diciembre, antes de ser removido por intentar disolver de forma ilegal el Parlamento.
La Fiscalía de la Nación también anunció que abrirá una investigación contra dos exministros por presuntos sobornos relacionados con la construcción de un puente y la compra de combustibles para la estatal Petroperú. En tanto, Castillo solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su restitución como presidente Constitucional del Perú y su inmediata libertad.
El exmandatario ya había pedido a la CIDH en diciembre que interceda por sus derechos, tras calificar como «atropello» su detención. Castillo cumple desde diciembre un arresto preventivo por 18 meses en un penal dentro de una base policial de Lima, mientras la fiscalía lo investiga por presentar rebelión por su intento fallido de cerrar la cámara de legisladores. El expresidente rechaza todos los cargos en su contra, informó Reuters.
La destitución de Castillo ha provocado una ola de violentas protestas, principalmente de regiones pobres del sur del país. En dos meses, las manifestaciones dejaron unos 60 muertos. Los manifestantes piden la renuncia de la mandataria Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas rápidas y una asamblea constituyente.
