La vicepresidenta Cristina Kirchner denunció que desde hace dos décadas ella es víctima de una “escalada de violencia por motivos políticos y de género”. Ello –sostuvo– se profundizó “a lo largo de los mandatos” suyos hasta el “intento de magnicidio” del 1º de septiembre pasado. Así lo expuso la dos veces mandataria en un informe de 96 páginas presentado a una comitiva de expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA) especializadas en violencia contra la mujer.
La investigación la elaboró el equipo jurídico de la presidencia del Senado. Allí aborda y analiza con reproducciones de tapas de la revista Noticias, fotos de manifestaciones antikirchneristas y otros recursos las acciones de “hostigamiento mediático”, de promoción del “discurso de odio”, de “despersonificación” y de “objetivación” de las que se consideró como objeto a la dos veces mandataria.
La reunión de Cristina Kirchner con las expertas de la OEA se realizó en la noche del jueves en el despacho de la titular de la Cámara alta. Al finalizar el encuentro, la propia vicepresidenta difundió un video desde sus redes para informar que había entregado el informe. En éste desarrolló las “violencias ejercidas” en su contra y “el intento de magnicidio, o de asesinato”, al que consideró “el hecho de mayor violencia política desde el retorno de la democracia”.
“Es difícil hablar de estas cosas en primera persona, pero las cosas sucedieron y no se pueden ocultar”, dijo Cristina. Y compartió el estudio, titulado “Informe sobre violencias ejercidas contra Cristina Fernández de Kirchner. El intento de magnicidio en su contra”. Así refiere al intento de asesinato llevado a cabo por Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte y recuerda que “se transmitió en vivo” con imágenes que se “viralizaron” en todo el mundo.
“El arma, el ruido de la misma cuando se gatilla y la cercanía al rostro de Cristina, activaron las más sonoras alarmas democráticas”, remarca el relevamiento. Pero luego se remonta a episodios anteriores de intimidación y violencia dirigidos a la vicepresidenta para demostrar que hubo una serie de acciones in crescendo. En ese sentido, exige “no olvidar que la escalada en la violencia política derivó en un ataque concreto y directo a nuestra democracia”.
El texto hace también un recorrido de “la escalada de violencia por motivos políticos y de género hacia Fernández de Kirchner a lo largo de sus mandatos”, que buscó deshumanizarla para así “justificar e incentivar cualquier tipo de agravio, injuria o ataque en su contra”. Además, el informe denuncia que la vicepresidenta “es la política más acosada mediáticamente de la historia de nuestro país”.
En este sentido, propone a modo de prueba revisar “ciertos ejemplares de la revista Noticias”, de la editorial Perfil, “para dar cuenta de la grotesca, violenta y explícita misoginia ejercida” contra ella. Y se reproducen 18 portadas de esa revista que, de manera insistente, mostraban la imagen de Cristina en situaciones imaginarias vinculadas a la faceta íntima como también a presuntas enfermedades, o en escenas que remitían a la idea del suicidio o la muerte.
“La figura pública de la Vicepresidenta se construyó mediáticamente a partir de discursos de odio que por dos décadas la caracterizaron como un personaje grotesco, cruel, tirano y corrupto, lo que implicó la negación de su humanidad”, sintetiza la investigación. Finalmente, plantea que de ese modo “se construyó un escenario idóneo para dar lugar a agresiones en su contra, que fueron escalando”.
Al llegar a ese punto, el informe enumera antecedentes violentos del intento de asesinato, como “la vandalización” de esculturas con su figura, “el ataque a su despacho en el Senado de la Nación” del 10 de marzo de 2022, así como “los incidentes en el Instituto Patria” registrados el 21 de julio también de 2022, cuando manifestantes antikirchneristas arrojaron basura y patearon las puertas de la sede de la calle Rodríguez Peña.
En el análisis se advierte también sobre “la impunidad procurada desde el Poder Judicial a todos los ataques” que se dirigían a Cristina Kirchner. Al respecto, la investigación cuestiona el accionar de Comodoro Py al advertir sobre “la falta de investigación para procurar la impunidad del intento de magnicidio” y la “manifiesta parcialidad de la jueza (María Eugenia) Capuchetti”.
Finalmente, el informe considera que en la embestida contra la vicepresidenta “se tejió una alianza espuria, ilegal y mafiosa entre medios de comunicación, sectores políticos y del poder real y ciertos sectores muy poderosos del Poder Judicial”, para coordinar “una feroz persecución política desde los estrados judiciales” dirigida contra “Fernández de Kirchner, su familia y sus funcionarios”.
“No sólo está demostrado que el atentado se realizó con la asistencia en la planificación de un grupo político violento y fascista financiado por el empresario más cercano a (Mauricio) Macri”, dice el informe en referencia a Nicolás Caputo. Y agrega que “no sólo está demostrado que un diputado nacional de esa fuerza política (por Gerardo Milman) sabía que se realizaría el atentado y había participado desde el Congreso de la Nación para asegurar que el mismo tuviese éxito”.
A lo que concluye: “También se encuentra demostrado que la jueza a cargo de la investigación (por Capuchetti) recibía dinero de ese mismo espacio político a través de contratos laborales falsos y ficticios, lo que claramente explica la paralización de la causa”. “Las denuncias en sede nacional ya no alcanzan, porque la degradación institucional de estos sectores mafiosos de poder es muy profunda y generalizada”, sentencia el texto. Y sostiene: “Es necesario acudir a organismos internacionales” para “solicitar así su pronta e inmediata intervención”.
