Guatemala celebrará el domingo unas elecciones presidenciales con votantes que claman por un gobierno que pueda combatir la corrupción, la inflación e inseguridad, aunque se espera que ningún candidato obtenga suficientes votos, por lo que sería necesario un balotaje.
La exprimera dama Sandra Torres comanda las preferencias, según sondeos, pero con un porcentaje insuficiente para llegar a la mitad más uno requerida por ley para evitar la segunda vuelta del 20 de agosto. Le siguen Edmond Mulet, un diplomático de carrera, y Zury Ríos, hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt. Todos ellos han tentado la presidencia en el pasado.
La carrera para suceder al mandatario Alejandro Giammattei ha estado plagada de polémicas, como la surgida por la exclusión de cuatro aspirantes, entre ellos, el empresario Carlos Pineda, quien encabezaba las preferencias, por criterios que han sido calificados como «arbitrarios» por la organización de investigación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola).
La reelección presidencial está prohibida en Guatemala. Además de presidente y vicepresidente, los 9.3 millones de habilitados para votar elegirán un nuevo congreso, alcaldes y miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen), informó Reuters.
Corrupción
En la última década, Guatemala ha venido descendiendo en el ranking de percepción de corrupción de la ONG Transparencia Internacional hasta alcanzar el año pasado su peor calificación y ubicarse en el puesto 150 de 180 países. Giammattei, un médico conservador de 67 años, asumió la presidencia en enero de 2020 con la promesa de combatir la corrupción, pobreza e inseguridad. Muchos de sus compatriotas creen que no la ha cumplido.
Durante la pandemia, el país acumuló la mayor cantidad de muertos por cada millón de habitantes en Centroamérica. La mayoría de los guatemaltecos opina que el alto costo de vida —la inflación se triplicó el año pasado al 9.24% desde 2021— es el principal problema del país, seguido de la inseguridad, corrupción y el desempleo.
Organizaciones de derechos humanos y Washington han criticado al gobernante —que termina su gestión en enero de 2024— de desmembrar a los organismos que atacaban a la corrupción, arrestando a sus jueces y obligando a otros a huir del país, además de atacar a la libertad de prensa.
