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Oficialismo salvadoreño elige a Nayib Bukele como su candidato para las presidenciales de 2024

Los salvadoreños acudirán a las urnas el 4 de febrero para elegir presidente y vicepresidente para el periodo 2024-2029 y diputados hasta 2027.

Nayib Bukele

El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, fue elegido el domingo por su partido como candidato para las elecciones presidenciales de principios de 2024. Un paso más en el polémico objetivo del joven líder de extender su mandato, que inició en 2019.

Bukele anunció en septiembre que buscaría la reelección a pesar de que la Constitución prohíbe los mandatos consecutivos. En 2021, el máximo tribunal del país, cuyos miembros son designados por el Congreso controlado por el oficialismo, dictaminó que Bukele podía tentar la reelección. La decisión provocó la condena internacional, incluso de Estados Unidos.

El mandatario —quien tiene una intención de voto superior al 70% según recientes sondeos— y su actual vicepresidente Félix Ulloa aún deben inscribirse oficialmente como aspirantes ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El binomio fue la única opción del partido Nuevas Ideas durante sus elecciones internas.

Los salvadoreños acudirán a las urnas el 4 de febrero para elegir presidente y vicepresidente para el periodo 2024-2029 y diputados hasta 2027. Un mes después votarán por alcaldes e integrantes del Parlamento Centroamericano (Parlacen), luego de controversiales reformas que redujeron el número de diputados y municipios del país, informó Reuters.

«Hoy habló el partido más grande en la historia de nuestro país y el 4 de febrero de 2024 el pueblo salvadoreño tendrá la última palabra», dijo el presidente. Bukele, un empresario de 41 años, devenido en político, asumió la presidencia de El Salvador en junio de 2019. Arrasó en las presidenciales de ese año y romper con 30 años de bipartidismo entre el derechista ARENA y el izquierdista FMLN.

Su «guerra» contra las pandillas en El Salvador le ha granjeado al presidente una popularidad sin precedentes. Ha recibido críticas por diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) por supuestas violaciones a los derechos humanos y por negociar privilegios con los delincuentes.

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