El juez de garantías de La Plata, Federico Atencio, ha decidido suspender la pericia programada para hoy en relación al teléfono celular de Julio «Chocolate» Rigau, un influyente puntero del PJ que fue capturado en una entidad bancaria con 48 tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. El hecho sucede a solo 11 días de las elecciones presidenciales y las conjeturas políticas no cesan ¿El poder político frenó el escándalo o la Justicia?
De acuerdo a datos citados por la agencia NA, la suspensión de esta diligencia obedece a la apelación presentada por la defensa de Rigau, representada por el destacado abogado Alfredo Gazcón, quien argumenta que la causa se ha declarado nula por la Cámara de Apelaciones de Garantías de La Plata.
La fiscal Betina Lacki, por su parte, había solicitado esta pericia con el propósito de continuar con la investigación, sosteniendo que la nulidad decretada por la Cámara de La Plata no implica una suspensión automática de la causa, ya que dicha decisión aún no está firme. La Cámara de Casación bonaerense debe pronunciarse sobre la validez de la nulidad o la continuación de la causa.
¿La policía actuó en regla al detener a Rigau sin autorización de un juez?
Los magistrados Juan Alberto Benavídes y Alejandro Villordo de la Cámara de Apelaciones de Garantías habían declarado la nulidad del caso debido a la detención de Rigau el 9 de septiembre pasado, que tuvo lugar sin previa autorización judicial. También cuestionaron el momento en que la Policía notificó a la Justicia, que ocurrió después de llevar a Rigau a la comisaría, incautar su celular, las 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense y un monto de poco más de 1 millón de pesos en efectivo.
La Fiscalía está interesada en escuchar el testimonio de los empleados de la Legislatura bonaerense que eran titulares de las tarjetas en posesión de Rigau. El objetivo es determinar la naturaleza de sus ocupaciones, ya que presuntamente percibían salarios mensuales de 580,000 pesos y le entregaban sus tarjetas a Rigau para que cobrara sus sueldos.
Además, la Fiscalía busca determinar sus lugares de trabajo, sus supervisores, las condiciones de empleo y sus horarios laborales, dado que existe la sospecha de que podrían haber sido «ñoquis» inscritos como empleados, con parte de sus sueldos desviados o cobrados por terceros. La fiscal también ha solicitado los contratos de empleo de cada uno de ellos y el archivo personal de Rigau.
En medio de la agitación electoral que se avecina con las elecciones presidenciales programadas para el 22 de octubre, la suspensión de la pericia en el caso Rigau arroja sombras de duda sobre posibles conexiones políticas que las partes involucradas podrían estar tratando de proteger. Con el objetivo de mantener en la oscuridad los vínculos entre el oficialismo y la oposición, esta maniobra legal genera preguntas sobre la transparencia y la integridad del proceso judicial. A medida que se desarrolla este capítulo legal, la atención pública está cada vez más enfocada en descubrir si la política juega un papel determinante en la resolución de este controvertido caso.
