La batalla judicial contra la expresidenta Cristina Kirchner por la ejecución de sus bienes en la condena de la causa Vialidad ingresó en una etapa decisiva. Luego de que quedara firme el decomiso fijado en $684.990 millones, la exmandataria presentó un recurso de queja para intentar frenar el avance sobre su patrimonio.
La presentación busca impedir que la Justicia avance sobre activos que incluyen propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, además de hoteles vinculados a las empresas de la familia Kirchner. El empresario Lázaro Báez, condenado en la misma causa, también presentó el mismo recurso.
CFK busca proteger el patrimonio familiar
La defensa de la exmandataria, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, no solo busca resguardar los bienes de Cristina Kirchner. Uno de los principales planteos busca excluir del decomiso los bienes de Máximo y Florencia Kirchner. La defensa sostiene que no existen pruebas de que esos activos provengan de los hechos de administración fraudulenta por los que fueron condenados los acusados.
En una primera instancia, el Tribunal Oral Federal N.º 2 había fijado un decomiso cercano a los $85.000 millones. Sin embargo, tras la actualización realizada durante la etapa de ejecución de la sentencia, el monto asciende actualmente a $684.990 millones.
¿Puede frenarse el decomiso de bienes?
El recurso presentado por la defensa enfrenta un escenario complejo. El decomiso es una herramienta prevista por la legislación para que el Estado recupere bienes vinculados con delitos y, según especialistas en derecho penal, un recurso de queja no suspende automáticamente su ejecución.
En consecuencia, mientras la Corte analiza el planteo, la Justicia puede continuar con la identificación, tasación y eventual ejecución de los bienes alcanzados por la sentencia. En paralelo, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió intervenir en la administración de esos activos al considerar que deben quedar bajo organismos especializados en investigaciones por lavado de dinero.
Un expediente con impacto político
La causa Vialidad concluyó con una condena firme contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz.
Mientras el oficialismo sostiene que la ratificación de la condena representa un avance en la lucha contra la corrupción, la expresidenta insiste en que es víctima de una persecución judicial. Con la sentencia firme, el proceso ingresó ahora en la etapa de ejecución patrimonial, en la que el Estado busca hacer efectivo el decomiso dispuesto por la Justicia.
