Previo a las elecciones presidenciales, el Banco Nación fue protagonista de un escándalo con las contrataciones. La titular del organismo, Silvina Batakis, aprobó la incorporación de varias personas cercanas a la gerenta María del Carmen Barros y contrató a Verónica Asad, más conocida como Pitty la numeróloga, para qué guie a la funcionaria sobre las decisiones que debe tomar.
Ante esto, el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió la indagatoria de la exministra de Economía, la numeróloga y otros cinco funcionarios de la entidad. «El aprovechamiento la función pública para satisfacer un interés privado no se limitó a la contratación de la numeróloga, ni al nombramiento de familiares y amigos, se materializó también con el otorgamiento de adicionales para incrementar el sueldo de la gerenta general«, argumentó.
Los pedidos de indagatoria son para María del Carmen Barros, Maximiliano Piantanida, María Alejandra Closas, Juan Pablo Pedemonte y Juan Manuel Romero: «los funcionarios involucrados en el despliegue de tal maniobra, evadiendo las normas en materia de contrataciones administrativas, le dieron preeminencia al interés personal sobre el funcional, aprovechando la función pública que desempeñaban para satisfacer un interés privado y quebrantando la esfera de custodia en la que los bienes con los que se afrontó tal operación legalmente se encontraban», cuestionó, según NA.
Producto de esto, el fiscal Marijuán los acusa de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, entre las cuales se destaca el pago de 1.8 millones de pesos a la coaching por varias sesiones que le dio a María del Carmen Barros durante un momento delicado en materia económica.
El fiscal sostuvo que la normativa del Banco Nación establece que «las contrataciones directas por excepción deben fundarse en causales objetivamente justificadas y acreditadas. Sobre especialidad del contrato en cuestión y la selección de Asad para su cumplimiento, más allá de las afirmaciones formuladas por los funcionarios que intervinieron las distintas actuaciones labradas, únicamente consta en la documentación secuestrada la presentación efectuada por la propia Asad», añadió.
«Dos de las máximas autoridades del Banco de la Nación Argentina, su presidenta Silvina Aída Batakis y su gerenta general María del Carmen Barros, a espaldas del directorio, procuraron la contratación directa por especialidad de Verónica Laura Asad -en dos oportunidades-, que incumplía con los requisitos previstos por el Régimen de Compras y Contrataciones del BNA, y cuyo objeto, disfrazado bajo la temática de ‘coaching de liderazgo para la alta gerencia’, excedía cualquier ámbito de competencia que pudiera encontrarse relacionado con sus funciones», criticó.
También remarcó que «dentro de un círculo de personas con vínculos familiares o cercanos a ellas, propiciaron sus nombramientos y ascensos; y, por último, arbitraron los medios para acrecentar el salario percibido por Barros mediante el incremento de adicionales«, lo que claramente es incompatible con sus deberes.
