Las elecciones presidenciales en Argentina están en un momento de extrema tensión porque entre Sergio Massa y Javier Milei se sacan chispas en sus campañas. Sin embargo, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria anunció que jubilados, pensionados y trabajadores podrán obtener un préstamo en ANSES a una tasa diferenciada. Esto generó enojo en Republicanos Unidos que lo denunciaron por incumplir con el Código Electoral.
Por medio de su cuenta de X, Yamil Santoro anunció esta decisión junto a Roberto García Moritán y argumentó: «Por hacer trampa en las elecciones. Lo anunciado viola la prohibición del Código Electoral (Art 64 quater). Los corruptos y tramposos, como Massa, no deben gobernar a la Argentina. No se puede ser neutral ante esto», posteó.
¿Qué dice el Artículo 64 quater?
Al comienzo del artículo, aclaran que «durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas por las que compiten», cosa que parcialmente sucedió.
El apartado es preciso y señala que «queda prohibido durante los veinticinco (25) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten».
Justamente de esto acusan a Sergio Massa con el anuncio sobre los créditos ampliados a tasa baja. «El incumplimiento de este artículo será sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 bis previsto en el presente Código», completa el documento. En el Código, anuncian que la pena podría ser de uno a diez años de prohibición para ejercer cargos públicos.
