La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) se manifestó “en alerta máxima y en guardia” por “las acciones de inteligencia ilegal e intromisión en la privacidad llevadas a cabo sobre miembros del Poder Judicial y los Ministerios Públicos”. Las declaraciones surgen a raíz del presunto espionaje ilegal en el Gobierno nacional. En la causa, está involucrado el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade.
Según NA, la corporación de funcionarios de alto rango del Poder Judicial se pronunció así sobre la investigación. El principal acusado es el expolicía Ariel Zanchetta por haber realizado tareas de espionaje ilegal. La Asociación expresó “su preocupación y repudio por las acciones de inteligencia ilegal e intromisión en la privacidad llevadas a cabo por distintos agentes, cuyo resultante fue transmitido a personas de relevancia política”.
Espionaje para impulsar el juicio a la Corte Suprema
La institución dio por sentado que esa información fue utilizada para impulsar el juicio político a los jueces de la Corte Suprema. Actualmente, está en tratamiento en una Comisión de la Cámara de Diputados. “Es grave que se hayan ejercido aquellas acciones para motorizar un juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, afirmó el documento, firmado por el presidente de la AMFJN, Marcelo Gallo Tagle, y el secretario, Marcelo Peluzzi.
“En el año en el que se conmemoran 40 años de la restauración de nuestro sistema democrático, levantar la voz y ponernos al lado de nuestro más alto Tribunal de Justicia y de los magistrados y magistradas del Poder Judicial y Ministerios Públicos afectados es nuestro deber inmediato”, proclamaron.
“Manifestamos nuestro apoyo institucional a los magistrados y magistradas del Poder Judicial y del Ministerio Público que tienen a su cargo las investigaciones iniciadas. (…) Destacamos la necesidad de discernir prontamente en sede penal y administrativa otros hechos relacionados, como ser la duplicación de líneas telefónicas de miembros de la justicia, o la sustracción/intrusión en algunas declaraciones juradas patrimoniales reservadas”, concluyó el documento.