Tres exdiputados de Juntos por el Cambio quedaron bajo investigación de la Justicia por un presunto pedido a sus empleados de parte de los sueldos que cobraban como trabajadores en la Cámara Baja. Se trata de Alberto Asseff, Estela Regidor e Ingrid Jetter, quienes fueron denunciados por un empleado por «la posible comisión de una serie de delitos», entre ellos asociación ilícita.
Según la denuncia, patrocinada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, Asseff «habría hecho uso de su posición dentro de los estamentos del Estado Nacional a efectos de lograr un lucro indebido, producto de dádivas exigidas a cambio de ‘puestos’ para su grupo de asesores en la estructura de la Cámara de Diputados de la Nación», replicó NA.
Daniel Vico, exjefe de despacho de Asseff, «habría renunciado a su cargo denunciando ‘presión’ para que los empleados parlamentarios dieran parte de su salario al diputado», afirma la presentación. «Vico habría renunciado a su cargo por negarse a pagarle al Diputado —en negro— el 20% de sus haberes como asesor, a cambio de preservar su trabajo, aportando en este sentido conversaciones de WhatsApp que habrían mantenido Vico y Asseff», añade el texto.
Sobre Regidor citó «una serie de audios difundidos por medios periodísticos» en los que «se escuchaba a la nombrada cómo explicaba a sus asesores que solo cobrarían la mitad de su salario». «Vos te encargás de ellos y yo me encargo de lo mío. Lo mío es mío. Tu recibo en mano dice 80, en un sobre ponés 40 y 40 te lo quedas», cita la denuncia.
Respecto de Jetter, la presentación invoca un artículo periodístico según el cual una exempleada «la habría denunciado en público por obligarla a entregar a determinadas personas una parte de su salario todos los meses». La causa recayó originalmente en el juzgado federal de María Servini, pero la jueza —de acuerdo con un dictamen del fiscal Ramiro González— se declaró incompetente y envió las actuaciones a la justicia ordinaria.
«Si bien los nombrados obtuvieron indebidamente un beneficio patrimonial, lo cierto es que los mismos fueron como resultado de exigencias efectuadas fuera del marco de sus funciones propias como diputados», afirmó Servini. «Las exigencias dinerarias por ellos efectuadas tendrían una estricta motivación particular, no vislumbrándose una concreta afectación de alguna de las funciones del Estado Nacional», completó, al enviar el expediente al fuero penal de instrucción.
