La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, brindará detalles hoy sobre la política social que adoptará el gobierno de Javier Milei. A las 15 horas, explicará cómo se aplicará el protocolo de orden público anunciado por su par de Seguridad, Patricia Bullrich. Así lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni en la habitual conferencia de prensa matinal.
Se espera la difusión de un mensaje grabado que se emitirá por los canales oficiales a las 15, según especificaron fuentes de la cartera. “La ministra de Capital Humano dará un anuncio a referido a cómo será la política social de este Gobierno en línea con lo ya establecido en el primero discurso de Javier Milei como presidente de La Nación», reveló el vocero en redes sociales.
Asimismo, el portavoz presidencial Manuel Adorni detalló que lo hará con especial referencia «a cuestiones que atañen a quien corte la calle y a quien intermedia en ayuda social y esté haciendo un negocio para si mismo utilizando a los que más lo necesiten”.
La ministra Pettovello explicará la metodología que se dará el Gobierno para la aplicación el nuevo protocolo antipiquetes y que involucrará a las cuatro fuerzas federales y el servicio penitenciario federal que intervendrán en cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales.
Qué se sabe del protocolo antipiquetes
Hasta ahora, lo que se sabe del protocolo es que, en cada protesta no autorizada por el Gobierno nacional, actuarán las cuatro fuerzas federales para evitar la aglomeración y, en consecuencia, los cortes de calles y rutas. Eso llevará a que las fuerzas provinciales deben actuar en las zonas de sus competencias y tener un trabajo en común.
Asimismo, se va a actuar hasta dejar totalmente liberado todo el espacio de circulación. Las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, que se graduará en proporción a la resistencia. Se identificarán a los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos. También a los vehículos y sus conductores registrados.
Uno de los puntos más polémicos del protocolo es que, por los costos de los operativos de seguridad, se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que hacerlo las organizaciones que tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros, se mandará la información a Migraciones.
